Laxos controles e ineficiencia estatal se combinan con la irresponsabilidad de conductores y empresas de transporte de pasajeros en una peligrosa mezcla que inexorablemente vuelve a desencadenar percances de tránsito en arterias urbanas o vías de provincia, con la consecuente cauda de víctimas lesionadas o fallecidas.

Apenas ayer se registró el más reciente de estos aparatosos sucesos, en la ruta entre Guatemala y San Juan Sacatepéquez. Fue un verdadero milagro que la brutal embestida de un autobús contra cinco vehículos no causara decesos, aunque sí dejó a varios conductores lesionados y cuantiosos daños materiales. Dos unidades de transporte de pasajeros competían por pasaje cuando una de ellas perdió el sistema de frenos y se fue a empotrar contra automóviles que transitaban por el lugar. Para mayor agravante, el piloto del bus siniestrado apenas tiene 22 años, carece de los registros necesarios y obviamente no posee la capacitación ni la experiencia requerida.

Esta clase de sucesos no pueden ser llamados accidentes en el sentido estricto puesto que no se deben a situaciones fortuitas, sino a factores prevenibles, que pese a ello son recurrentes. Apenas el viernes último volcó otro autobús extraurbano sobre la ruta Interamericana a causa del exceso de velocidad y defectos mecánicos. No se tiene noticia de que exista una deducción de responsabilidades ni de consecuencias para los conductores protagonistas de esta clase de estropicios. Los vehículos quedan detenidos, las empresas deben pagar seguros y compensaciones, pero los pilotos vuelven a quedar tras el volante poco después, sin que sus licencias puedan ser objeto de suspensión, como ocurre en otros países en donde existen sistemas para restar puntos o incluso revocarlas.

Las propias normativas de tránsito constituyen una letanía de prohibiciones que son transgredidas constantemente, tales como hacer paradas antojadizas, agredir verbalmente a pasajeros y peatones, permitir que personas viajen en las gradas u otras áreas inadecuadas, circular fuera del carril autorizado, conducir a velocidades peligrosas, conducir mientras se habla por celular o bajo efectos de licor, obstruir el paso y otras tantas prácticas. En algunas áreas urbanas agentes de tránsito extienden multas o citaciones a juzgados municipales, las cuales terminan siendo coleccionadas por los transgresores, los cuales organizan bloqueos de rutas y protestas para que les sean retiradas las sanciones, en un círculo vicioso que termina con concesiones por parte de las autoridades.

Lo más triste de todo es que se convierte en una cuestión de tiempo para que se produzca un incidente vial de grandes dimensiones. En esos momentos de alarma alzan la voz funcionarios municipales y estatales para anunciar medidas reactivas. Prueba de ello es que el famoso dispositivo regulador de la velocidad para el transporte aún no ha sido implementado, debido a pretextos de transportistas y conductores, quienes tampoco plantean alternativa alguna para la seguridad de quienes abordan, por necesidad, esas temerarias cajas rodantes. La renovación del parque de autobuses es otra cuestión relegada, puesto que recientemente quedó eliminado el plazo para sacar de circulación las unidades con más de 25 años de uso, a petición de propietarios. Tal parece que pesan más los intereses de las empresas de transporte que el derechos de las personas a tener garantías mínimas de seguridad, responsabilidad y pericia al hacer uso de un servicio, cuya autorización y pago de tarifa entraña un compromiso moral de garantizar su arribo a salvo a su lugar de destino.