Pese a que los migrantes en Estados Unidos fueron un bastión simbólicamente relevante de la campaña electoral de Jimmy Morales, la creación de una política pública dirigida a este sector quedó rezagada y se lanza en forma tardía, casi extemporánea. Pese a que estos guatemaltecos aportan cada año el 11% del producto interno bruto, se quedaron como un apéndice al haberse publicado el decreto el 24 de diciembre, sin mayor explicación ni desarrollo, prácticamente en el epílogo del período y sin haber logrado un solo beneficio para ellos ante del gobierno de Donald Trump, a pesar de tantas acciones oficiosas que claramente tenían como fin congraciarse con la potencia para otros fines.

En el gobierno entrante hay algunas figuras vinculadas también con el sector migrante y habrá que ver si realmente tienen convicciones sistemáticas y proyectos claros de atención o simplemente utilizan este contexto como catapulta para sus particulares finalidades; no se dice esto como prejuicio, sino a la luz de casos vistos en los últimos cuatro años, de diputados y funcionarios que otrora abrazaron la bandera de los connacionales en el exterior, pero que una vez instalados en los puestos, por elección o designación a dedo, se dedicaron a urdir agendas ajenas a la realidad.

Se hizo recurrente el nombramiento de allegados y familiares en cargos diplomáticos, pese a que ni siquiera dominaban el idioma del país de destino; así también hubo hostilidad hacia ciertos países, como se demostró en el reciente convivio que la Cancillería ofreció, supuestamente para embajadas de países amigos, del cual fueron excluidas varias naciones, en una abierta muestra de antipatía que no corresponde a tiempos civilizados.

De vuelta a la política migrante, se puede acotar también que hasta el momento no se conoce un solo beneficio colectivo del convenio migratorio firmado con EE. UU. por intermedio del ministro de Gobernación, el cual se empezó a aplicar pese a que su texto completo se mantiene oculto a la ciudadanía desde hace 154 días —y contando—. La única concesión fue la audiencia de unos cuantos minutos cedida al presidente Jimmy Morales por parte de Donald Trump, quien elogió al mandatario guatemalteco en el Despacho Oval pero apenas un día después se burlaba de los países centroamericanos, en un mitin republicano, acerca de la forma como los obligó a firmar los acuerdos.

Bajo la nueva política, se supone que el Consejo Nacional del Migrante (Conamigua) será el ente rector de la atención a los guatemaltecos radicados en el extranjero, incluyendo aquellos que se encuentran indocumentados, mayoritariamente en EE. UU. Sin embargo, para esto deberá ocurrir una transformación total de la entidad que este año apenas terminaría de ejecutar un tercio de su presupuesto, la mayoría en gastos de funcionamiento como pago de empleados y alquileres. Mientras tanto, los guatemaltecos deportados, detenidos en áreas fronterizas o en espera de asilo, continúan inermes y sin mayor apoyo.

El gobierno que asume en 20 días anunció su intención de reevaluar toda la política exterior y ello implica eliminar privilegios, revocar nombramientos y evaluar la tardía política migrante que las autoridades salientes firman a última hora. Tal revisión debe estar a cargo de expertos en jurisprudencia, internacionalistas y diplomáticos de carrera, con un enfoque de prioridades centradas en el beneficio de los guatemaltecos y con una visión integral que verdaderamente exalte la dignidad y soberanía de Guatemala.