En fecha reciente, el Ministerio de Finanzas presentó un Marco fiscal de mediano plazo, que abarca del 2023 al 2027, casi todo el período del siguiente gobierno, sin importar quién quede. Dentro de los lineamientos fijados en el documento figura una estimación realista de los ingresos tributarios para que el Estado pueda sufragar los gastos de funcionamiento, inversión y pagos de deuda pública. Dicha recomendación constituye una suerte de sarcasmo, puesto que el mandato de Alejandro Giammattei ha continuado la ruta de los préstamos, emprendida por sucesivos gobiernos desde hace tres décadas, pero acelerada a fondo en la última, con una serie de excusas y verborragias técnicas que en nada abonan a la reducción de la carga, que recae sobre generaciones que ni siquiera han nacido y sin que haya atisbos de solución a problemas relacionados con el desarrollo.

Para colmo, la gran mayoría de presidenciables tiene poca idea del estado actual de las finanzas nacionales. Se dedican a ofrecer de todo sin saber con cuánto presupuesto real cuentan o a plantear eficiencias hipotéticas, a pesar de que la gestión actual les hereda compromisos adicionales como aumentos al sindicato magisterial, a los salubristas, a las clases pasivas y también pagos a supuestos exmilitares.

Persiste la expansión vegetativa del Estado como consecuencia de clientelismos, plazas innecesarias, programas que son rémoras disfuncionales y entidades anodinas, todo lo cual constituye la principal causa del continuo endeudamiento, que hasta el momento arroja un saldo impagable de más de Q13 mil por habitante, incluidos niños y recién nacidos, un cálculo que surge al dividir el monto de la deuda pública entre 18 millones de guatemaltecos.

Parte de las jitanjáforas economicistas de los partidos en contienda exponen términos reciclados como “impulso a la inversión”, “optimización de la ejecución”, “mejora de los mecanismos de tributación”, “generación de inversiones” o “reducción de la evasión fiscal”, los cuales pueden denotar ventajas en sí mismos, pero que para ser aplicados precisan de una reforma del Estado mediante la actualización de la ley de contrataciones, una nueva norma de servicio civil o un programa de eliminación de dispendios como almuerzos gratis, cajas chicas descontroladas o pagos estériles por dietas a diputados. Por aparte, se requiere de una discusión técnica seria y no politiquera de los presupuestos en el Organismo Legislativo, una situación que empeora en cada año de elecciones.

Las aprobaciones de créditos no deberían pasarse al antojo del oficialismo de turno, sino después de una demostración fehaciente de que servirán para la construcción de infraestructura productiva o la implementación de proyectos viables de educación, salud y combate a la desnutrición. El 2022 cerró con una deuda pública de Q218 mil 335 millones, que corresponde al 31.4 por ciento del producto interno bruto estimado por el Banco de Guatemala para ese año.

Los tecnócratas de turno suelen argumentar que aún no se llega a niveles de riesgo para avalar nuevos préstamos, pero el monto no para de crecer y tampoco se ven resultados positivos. En el 2023 el presupuesto contempla Q76 mil millones para funcionamiento, Q19 mil 716 millones para inversión y otros Q16 mil millones para deuda pública. Las cifras hablan por sí solas y poco puede recomendar el actual Ejecutivo a quien le suceda, el cual, de seguro, tendrá mucho que reclamar.