La cultura de prevención de emergencias climáticas sigue siendo un área relegada a pesar de la alta vulnerabilidad de Guatemala. La racha de lluvias que ya comienza a impactar en áreas rurales, a amenazar cultivos y a obligar a evacuaciones no debería ser tomada a la ligera. El abordaje científico y técnico de este factor de riesgo es imperativo. En medios oficiales se promociona la asistencia a damnificados, pero eso es solo la obvia atención de efectos. La acción inteligente sería fortalecer el monitoreo climático y emprender acciones con antelación, no cuando el agua empieza a subir.

Para decirlo en números, que son más elocuentes que los discursos, el presupuesto del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) se vio reducido a Q50 millones este año: Q26 millones menos que en el 2021, que a su vez fue recortado en Q20 millones respecto del 2020, cuando ascendió a Q96.4 millones. No está de más señalar que esta asignación se incrementó por una transferencia de Q30 millones autorizada por el Congreso, que terminó en un intento de latrocinio que involucra a exfuncionarios del Insivumeh y también al diputado Jorge Adolfo García Silva.

Dicho legislador, que vota en alianza con el oficialismo, es señalado por el Ministerio Público en el caso Clima, Corrupción y Poder, de haber orquestado la transferencia y la adquisición amañada de equipo de monitoreo para el Insivumeh. Familiares de este parlamentario fueron ligados a proceso mientras la Corte Suprema de Justicia retiene a su discreción, sin resolver, la petición de retiro de antejuicio en su contra. Lo peor de todo es que los aparatos de medición continúan sin ser adquiridos, pero la vulnerabilidad es una realidad constante cada día y cada hora.

Suficientes tragedias han ocurrido en el país como para que los gobernantes de turno sigan haciéndose los desentendidos o los asustados cuando llega el momento de un desastre. Invocan esa causal, eso sí, cuando ya han ocurrido muertes, destrucción y millonarios daños para imponer dudosos estados de Calamidad que son aprovechados por diversas entidades, incluidas algunas sin mayor vinculación con la emergencia, para efectuar adjudicaciones oscuras y con dedicatoria.

Según el índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas de Gestión de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala está en el penúltimo lugar del Istmo, solo por debajo de Belice, en cuanto a preparación para afrontar este tipo de adversidades. La paradoja es que estamos entre las 10 naciones con mayor vulnerabilidad a inundaciones, deslaves y otros efectos, de 181 países evaluados.

En días recientes el presidente Alejandro Giammattei aludía en tono de broma a fenómenos naturales como Eta, Iota, Amanda y erupciones, en un discurso frente a los alcaldes, para equipararlos con sus críticos y opositores: una utilización vana de un asunto de alta prioridad cuya prevención sigue relegada no solo en cuanto a monitoreo climático, sino también sismológico, volcánico e hidrológico.

El fenómeno de La Niña, anticipado en monitoreos globales, amenaza con impactar a comunidades de zonas costeras, pero también en terrenos vulnerables a la erosión. El derrumbe de Quejá o la inundación de Campur causaron más pobreza y precariedad. No son motivos de sorna o de comparaciones metafóricas, sino advertencias de un cambio climático que continúa agravándose a la par de la deforestación y el ineficiente manejo ambiental del país.