En época electoral se da una ironía cíclica: aspirantes a cargos públicos ofrecen lucha anticorrupción, aunque incluyen en sus planillas a exconvictos, exfuncionarios señalados de corrupción o burócratas devenidos en sospechosos millonarios. Prometen eficiencia en infraestructura y obra pública, sin presentar planes estratégicos de cómo lo harán y a qué costo. Afirman que van a suprimir dependencias onerosas e inútiles, y luego las dejan proseguir a expensas de quienes los eligen.

Sin embargo, lo más contradictorio es que tales figurones no soportan la crítica ciudadana. Se irritan ante las denuncias periodísticas de despilfarros, incumplimientos, clientelismos, discrecionalidades, contratos amañados, pactos oscuros y falsedades flagrantes. Entonces buscan acallar las críticas mediante invectivas, campañas de desprestigio, descalificaciones a través de corifeos en línea e intentos de coartar libertades bajo la apariencia de un marco legal.

En 1993, el aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías quiso imponerse como autócrata y lo primero que hizo fue tratar de acallar a la prensa independiente. En el 2003, durante el Jueves Negro, turbas de encapuchados amenazaban a los periodistas. En la última década, varias exfuncionarias se han escudado con maniobras falaces en la ley de femicidio para bloquear el periodismo investigativo, y ahora se intenta criminalizar, con otra ley, a integrantes de la Redacción de elPeriódico a causa de sus publicaciones.

Hay ciertos sectores que ante los ataques contra la libertad de expresión y de prensa se hacen los desentendidos, miran a otro lado y guardan silencio. Creen que no les afecta la censura, pero deberían analizar lo ocurrido en países como Venezuela o Nicaragua, porque a la ofensiva contra medios y comunicadores le siguió la confiscación de empresas, la supresión de más libertades, la creación de hordas de choque y el arresto de ciudadanos que se atreven a denunciar abusos.

Ninguna amenaza a la libertad de información es ajena, porque se trata de una garantía fundamental. Cada ciudadano tiene el derecho de conocer el manejo bueno o malo de los recursos que tributa, el cumplimiento u olvido de las ofertas de campaña, los resultados concretos en educación, salud, empleo, seguridad pública y combate a la desnutrición. Es preciso recordarles a todos los candidatos y gobernantes que los malos resultados también se cuentan, y no solo los datos promocionales con música de fondo o eslóganes sugeridos por sus relacionistas.

En todo caso, es el ciudadano quien libremente decide dónde, cómo, cuándo y sobre qué informarse. Nadie puede ni debe imponerle verdades absolutas, porque es inteligente y coteja los datos presentados con esa realidad que enfrenta a diario. Gracias a la evolución tecnológica, hoy cada persona puede comentar, criticar, elogiar, defender, exigir. En suma, ejercer su derecho consagrado en el artículo 35 de la Carta Magna.

Cualquier otra interpretación que conduzca a la reducción, limitación, censura o intimidación, incluso con subterfugios legales de leguleyos, es síntoma de despotismo, un sistema nefasto que Guatemala ya ha padecido por muchos años, con incontables víctimas y que no debe ser tolerado por nadie, mucho menos por quienes se desempeñan en la administración de justicia.