Sin duda alguna, la invalidación de una asamblea del partido Prosperidad Ciudadana (PC) y con ello la suspensión de más de mil 200 candidaturas, incluida la del presidenciable Carlos Pineda, constituyen el tema más viral, polémico e incluso inédito de la coyuntura electoral, sobre todo por sus implicaciones hacia las preferencias ciudadanas, en las cuales este aspirante aparecía en primer lugar en varias mediciones, como la Encuesta Libre, hace tres semanas.

En todo caso, la batalla de recursos legales ya comenzó, tanto para revertir la suspensión como para mantenerla. Tal situación ha llevado al cuestionamiento sobre la forma en que criterios judiciales impactan en temas eleccionarios o la forma en que el Tribunal Supremo Electoral ha llevado los monitoreos de requisitos para la vigencia de partidos y candidaturas. Se trata de un momento álgido, por no decir una crisis sin precedentes en la era democrática, que deberá solventarse a través de canales legítimos, públicos y claramente explicados a la población y a los expertos en legislación. Cabe recordar que existen más de 90 amparos pendientes de resolución definitiva referidos a candidaturas, lo cual ya representa retrasos en la impresión de papeletas.

En el caso específico de Pineda, ya se han producido algunas manifestaciones de descontento en varias localidades, incluido un bloqueo vial. Según el por ahora expresidenciable, nunca avalará ni incitará a interrupciones del tránsito como medida de protesta. En todo caso, como ciudadano, animó a que se utilice el derecho de libre expresión para adversar la exclusión legal y solicitar a la Corte de Constitucionalidad un amparo que revierta la decisión del TSE y la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Resulta relevante subrayar que, en la conferencia de prensa ofrecida, Pineda aclaró que por el momento ya no es candidato, en total apego a la disposición del Registro de Ciudadanos. Así también dejó saber que no existía hasta ayer un acuerdo de postura común entre él y la dirigencia nacional de PC, del cual no es miembro.

El asunto pende como una espada de Damocles sobre la credibilidad del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, puesto que de amparos provisionales o definitivos parece depender el devenir electoral. De hecho, el registrador de ciudadanos, en su explicación acerca de la validación de asambleas de PC, declaró que habían obedecido previos amparos otorgados a la organización. Este virtual castillo de naipes legal exhibe en toda su precariedad el riesgo de validaciones y acreditaciones a cargo del TSE, efectuadas a partir —o más bien bajo la presión— de recursos judiciales, una colisión de jurisprudencias y un aluvión de consecuencias, algunas perentorias, otras trascendentales, que termina golpeando la credibilidad de los procesos ante los ojos de la ciudadanía.

El camino de la institucionalidad y el derecho de petición siguen siendo la vía para resolver —de manera pacífica, civilizada y jurisprudente— entuertos que pudieron evitarse si cada jurisdicción reconociera sus áreas de influencia y sus limitaciones, por no mencionar conflictos de interés o fidelidades desconocidas. Al parecer, ya una sala había rechazado el amparo que la Sala Sexta decidió otorgar al partido denominado “Cambio” en contra de PC, porque lo que está en juego no son privilegios ni intereses, ni egos, sino el futuro de la democracia y el estado de Derecho, que no debería otorgar privilegios ni ejercer exclusiones ajenas a lo prescrito en la Constitución.