Pocos procesos judiciales tienen las implicaciones políticas, institucionales e históricas del caso de presunta defraudación aduanera denominado La Línea, destapado en abril de 2015. Fue tan mayúscula la sorpresa causada por sus presuntos involucrados y tan grande la magnitud de sus despropósitos que no solo se desató la indignación ciudadana, sino que se iniciaron procesos de antejuicio en contra del binomio presidencial de aquel momento: la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina, quienes, en lugar de mantenerse en su puesto y esperar los resultados de las solicitudes de retiro de inmunidad, dimitieron a los cargos en medio de un escándalo sin precedentes.

No es que tales renuncias sean prueba alguna de culpabilidad, pero constituyen acciones prácticamente inexplicables de no existir algún tipo de nexo causal con las acusaciones vertidas. Dos testimonios han sido los pilares del proceso judicial, largamente atrasado debido a acciones dilatorias de los abogados defensores de los señalados: el del empresario Salvador González, declarante en al menos tres procesos, y el de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, quienes se acogieron a la figura de “colaborador eficaz”.

Ambos testigos aportaron indicios y conectaron puntos para develar un sistema furtivo de discrecionalidades en el cobro de tarifas aduaneras a cambio de presuntos pagos ilícitos en beneficio de la red paralela. Producto de investigaciones ulteriores hubo cinco importadores procesados por esos pagos furtivos para evadir los aranceles. Estas personas admitieron su culpabilidad ante el juez Miguel Ángel Gálvez y fueron sentenciadas el 31 de julio de 2020 a una multa y penas de prisión conmutable.

Es por ello que, a más de siete años del destape del caso, buena parte del cual tuvo seguimiento durante el primer período de la actual fiscal general, Consuelo Porras, resulta sorprendente que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, abra la puerta para revertir el acuerdo de colaboración eficaz de Monzón para procesarlo judicialmente, una acción que podría llegar a tener sus propias excusas, pues acompañaba a los exgobernantes, pero el problema de fondo es que pone en peligro la validez de dicho testimonio como prueba en el proceso judicial.

Es posible preguntar si acaso esta medida es la corrección de un error procesal o si es un error en sí misma, debido a que la misma fiscalía ha incurrido en ligerezas previas, tales como algunas omisiones en la acusación contra quien fuera ministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, por los Q122 millones en efectivo encontrados inexplicablemente en un inmueble vinculado con él en Antigua Guatemala. Dichos omisos no fueron identificados por la Fiscalía, sino por una jueza que, al juzgar otros indicios y testimonios del caso, le llamó la atención sin que hasta el momento existan acciones internas del MP contra todos los involucrados.

El MP es autónomo y tiene la potestad exclusiva de la persecución penal. Por ello debe tener mucho cuidado en sus solicitudes, por los efectos colaterales que puedan desencadenar, no solo en el caso La Línea, sino en todo el andamiaje que sostiene la figura de colaborador eficaz para cualquier otro proceso. Hace poco recobró vigencia la Ley de Aceptación de Cargos, un concepto complementario que también estaría en riesgo si al cabo del tiempo otro fiscal  decide revertir los efectos de un acuerdo similar bajo cualquier criterio.