Los bloqueos viales, rurales y urbanos, representan millonarios costos económicos, productivos, logísticos e incluso en la calificación de Guatemala como destino de inversiones. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno y es inviable para la Nación continuar en ruta de deterioro, incluso en nombre de la defensa de la democracia. No solo impacta a empresas medianas y grandes, sino también a los pequeños productores. Basta ver cómo ayer, en Almolonga, Quetzaltenango, se tiraban a la basura cosechas de legumbres dañadas por no haber podido ser llevadas a sus mercados de destino.

Los 48 Cantones y otras organizaciones, comunidades o grupos de vecinos deben deponer los bloqueos como medida de buena voluntad que los distancie de las acciones violentas de infiltrados o extremistas interesados en romper el orden democrático. Se puede proseguir la manifestación sin afectar la actividad productiva. Los paros forzados implican salarios que no se pueden pagar por las pérdidas o jornales no laborados, negocios perdidos, embarques incumplidos o contingentes de mercadería amontonada en los puertos. Literalmente conducen a las mesas de hogares guatemaltecos y en la medida que crezca el desabasto se reducirá el apoyo moral a la protesta, y esa parece ser la apuesta de la notoria inacción gubernamental, sumada a netcenteros a cargo de etiquetar culpables y agitar la polarización.

Prensa Libre consultó a expertos, en busca de opciones para salir de la crisis detonada por el asedio del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral y los resultados de los comicios, desde diversos frentes de ataque. En efecto, una de las tres llaves de esta compleja cerradura sería el cese de los atentados contra la democracia y la institucionalidad por parte de la fiscal general.

El diputado Boris España, aliado oficialista y conspicuo integrante de la lista Engel de Estados Unidos, adelantó la presentación de otro caso armado por el MP contra el TSE, pese a que la pesquisa está supuestamente bajo reserva. Ello deja entrever componenda, filtración y dedicatoria. En efecto, las protestas se desataron a raíz de los sucesivos ataques de la Fiscalía contra la voluntad popular, por lo cual exigen la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público y de funcionarios cercanos. La negativa y carencia dialógica del presidente Giammattei Falla al respecto llevaron la protesta al paroxismo que actualmente tiene al país en vilo.

Lejos de la invectiva presidencial de ayer, los 48 Cantones han tomado distancia del presidente electo, Bernardo Arévalo, y señalan que no defienden interés partidario alguno, sino solo la democracia. Pero esta podría ser una oportunidad para asumir un protagonismo que incline la balanza hacia la apertura y el criterio práctico de mantener al país en marcha. El sentido de responsabilidad comunitaria de estos grupos puede funcionar también como una brújula que marque un norte de entendimiento, diálogo y propuesta renovada.

La Corte de Constitucionalidad juega un papel crítico en este nuevo aire democrático: no solo debe corregir el ambiguo entuerto señalado como inconstitucional por nueve abogados en la Ley contra la Delincuencia Organizada, sino que debe poner coto a los actos de la Fiscalía cuyas prácticas y efectos vulneren el estado de Derecho, el debido proceso y la unidad nacional. A 94 días del fin del período Giammattei Falla es buen momento para sentar las bases de una revisión seria del sistema político, de pesos y contrapesos, así como de los límites a potestades o a la permanencia en el cargo de un funcionario inepto o tiránico.