Editorial
Se debe auditar costos y resultados de comedores
Sin embargo, las cifras de desnutrición son la mayor evidencia de la poca funcionalidad de los comedores clientelares.
Los resultados sistemáticos, auditables y concretos de los llamados comedores sociales se deben confrontar con su costo para el Estado. A más de 15 años de implementado tal concepto, en cada período gubernamental se invocan buenas intenciones aparentes, las cuales palidecen ante reiterados síntomas de opacidad y clientelismo. Se les ha cambiado el nombre: solidarios, seguros, sociales; se reportan cifras de personas beneficiadas o raciones de desayunos y almuerzos gratuitos, pero hasta la fecha no se conoce de un solo estudio científico que evidencie una mejora social.
En la pasada campaña electoral, el gobierno de Alejandro Giammattei promocionaba haber servido 21 millones 493 mil 659 raciones entre enero de 2020 y julio de 2023. El Ministerio de Desarrollo reportaba que se entregó a “familias de escasos recursos, mujeres, niños y personas de la tercera edad”, en 80 comedores: el mayor número alcanzado. Entre enero y julio de 2023 se superaban las cinco millones de raciones, una abultada cifra que quizá se deseaba ver traducida en votos, sobre todo porque algunas de esas instalaciones se encontraban en municipios sin prioridad de desnutrición, pero con alcaldes allegados al oficialismo.
De hecho, en la publicidad gubernamental se presentaba este programa como el eje principal de la lucha contra la desnutrición; sin embargo, en varias localidades del Corredor Seco, área de mayor incidencia de inseguridad alimentaria, no había comedores oficiales o los recursos distribuidos eran limitados. Por ejemplo, en Chiquimula, en donde un 25% de población está en riesgo de inanición, no se sirvió un solo plato en 2021. La excusa usual era que allí se aplicaban otros programas alimentarios de cuyos efectos sistémicos tampoco hay mayor registro.
Por el contrario, en el departamento de Guatemala, cuya tasa de población en inseguridad alimentaria es de 11 por ciento, una de las más bajas del país, funcionan varios comedores, a los cuales no necesariamente acuden familias de escasos recursos, y muchas veces no precisamente guatemaltecos. En el ubicado en el predio de Fegua, por ejemplo, es usual ver a personas para quienes no iba dirigido el proyecto originalmente, entre ellas, de manera eventual, algunos trabajadores asalariados que ahorran algo de dinero al comer allí.
Nadie está en contra de la asistencia humanitaria a los sectores más necesitados y, de hecho, el actual gobierno prorrogó seis meses el contrato con la proveeduría de alimentos, pero es urgente una auditoría de resultados y exponerlos a la ciudadanía, tanto si los hay como si no existen, así como los criterios utilizados para la distribución de este servicio. Entre los señalamientos expuestos en una reciente citación parlamentaria figuró el costo por plato servido, que en algunos casos supera los Q25; gastos logísticos de distribución fue una de las razones esgrimidas, pero aún así desata nuevas dudas.
Cabe cuestionar si los cientos de millones invertidos en estos comedores no habrían tenido mejor resultado en reforzar la refacción escolar nutritiva o en apoyar a entidades benéficas —laicas o religiosas— que ya tienen capacidad instalada y sistemas de aprovisionamiento comunitario. El alto desembolso por plato es un fuerte argumento para buscar eficiencias y así beneficiar a más personas. Sin embargo, las cifras de desnutrición son la mayor evidencia de la poca funcionalidad de los comedores clientelares. Ahora surgen también exfuncionarios diciendo que no es una estrategia contra la desnutrición, sino de asistencia al adulto mayor y a personas de escasos recursos.
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