La denuncia de un intento de golpe de Estado para subvertir el orden constitucional y socavar los resultados electorales a través de supuestos legalismos, que en realidad serían vulgares abusos de poder, podía sonar aventurada al día siguiente de la primera vuelta electoral, tras el pase al balotaje de Bernardo Arévalo, candidato de Movimiento Semilla. Sin embargo, después de la segunda ronda, la secuencia de acciones del Ministerio Público en contra de dicha agrupación política, del Registro de Ciudadanos, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y, esta semana, de las juntas ciudadanas electorales, comienza a convertirse en un indicio preocupante.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, señaló ayer directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, al juez Fredy Orellana y a la junta directiva del Congreso de urdir un rompimiento constitucional disfrazado de medidas legales aparentemente independientes pero cuyo efecto podría empezar a parecerse a alguno de los tipos penales establecidos en el Título 12 del Código Penal: Delitos Contra el Orden Institucional.

Hace una semana, la fiscal general solicitó un amparo inviable para acallar manifestaciones y censurar a críticos en redes sociales, a pesar de ser la Libre Emisión del Pensamiento una garantía constitucional inalienable. La Corte de Constitucionalidad lo denegó. El recurso iba en contra del presidente Alejandro Giammattei, por lo cual se podía inferir una aparente ruptura o distanciamiento. Este ofreció una transición ordenada y una reunión con Arévalo para el lunes 4 de septiembre. Sin embargo, los actos de su bancada en el Congreso apuntan a sabotear al partido del mandatario electo por 2.4 millones de votos.

La comunidad internacional ha expresado preocupación y ha solicitado en forma reiterada el respeto al estado de Derecho y a la voluntad soberana de la ciudadanía manifestada en los comicios. En lugar de responder con altura cívica, política e intelectual, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, se encierra en el manido estribillo de la soberanía. No hay ombudsman en el país, porque quien ocupa ese cargo vive distante de la realidad y con las excusas listas para rehuir la obvia obligación de un magistrado de conciencia.

Esta semana, la Fiscalía anunció tardías pesquisas contra otros partidos por supuestas irregularidades. Era obvio que se necesitaba poder decir que el encono no era solo contra Semilla. El asedio comenzó al día siguiente de haber rebasado a las opciones presidenciales oficialistas y colarse en la segunda vuelta por efecto de errores de unos y desgaste de otros. Antes de eso, nadie les daba importancia, y por ello es llamativa la oficiosidad de la Feci a partir del 26 de junio.

El Organismo Judicial no debería ser parte de este intento de asonada abyecta y debería investigar las acciones de su juez, por respeto a sus propios juramentos. La Corte de Constitucionalidad está llamada a responder con coherencia y celeridad ante el peligro de socavamiento constitucional. La fiscal general no quiere oír las manifestaciones, pero tampoco aparece ante la ciudadanía y la prensa independiente para exponer el porqué de la celeridad de estas acciones y la parsimonia en otros procesos que incluso han dejado libres a señalados de corrupción. No se trata de un suceso aislado, sino de una secuencia que golpea la institucionalidad y vulnera la voluntad ya expresada por el pueblo, lo cual no puede ni debe tolerarse en una democracia que ha costado tantas vidas.