Desde los albores del actual período democrático, el combate a la inseguridad ciudadana ha sido el caballo de batalla de sucesivos candidatos y mandatarios. Para vergüenza de todos ellos, esa lucha no pasa de un combo manido de ofrecimientos y medidas, con su respectivo costo económico. Hasta la “mano dura” exhibió su condición de parche, fútil e ineficaz, puesto que depende de la interacción con un Organismo Judicial supeditado a intereses ajenos, plegado a acuerdos indignos y regido por criterios obtusos. Y por si fuera poco, la pelota le regresa al Ejecutivo porque está a cargo del Sistema Penitenciario, cuyo caos, porosidad y manejo discrecional constituyen una vergüenza histórica.

Resulta triste ver cómo ciertas autoridades que dicen defender la justicia y aplicar la ley se hacen las desentendidas al momento de deducir responsabilidades a los funcionarios de seguridad por las constantes extorsiones desde centros penales, trasiego de objetos prohibidos y hasta crímenes cometidos dentro de las prisiones. Estas figuras que quieren venderse como adalides contra la impunidad se ocupan de casos en los cuales esperan réditos politiqueros y dejan a la ciudadanía en la indefensión.

El propio Congreso, pese a su creciente combo de bancadas henchidas de fideísmo, que se publicitan con arengas confesionales y en teoría a favor de la vida, no citan, no cuestionan y no exigen el cambio de funcionarios inoperantes, por el simple hecho de pertenecer al oficialismo de turno. Es más, evaden sus obligaciones y el ejemplo más bochornoso es la falta de elección de nuevos magistrados de las Cortes. Los actuales están por cumplir cuatro años de plazo extra que les han resultado muy cómodos, sobre todo para acelerar unos casos y destruir otros.

A pesar de todas las peroratas, diatribas y terrorismos leguleyos, el proceso de transición de gobierno ha dado inicio. Es un período clave para trazar una nueva implementación de la seguridad ciudadana, no solo a través de poner más policías en las calles sino de hacer eficiente y operativo el número de elementos. De qué sirve ampliar la fuerza si se les manda a cuidar el Legislativo o rodear el Palacio Nacional de la Cultura. También exige más tecnología y mejores monitoreos de rendimiento para evaluar su desempeño en la calle, pero con más diligencia su calidad ética, su capacidad de laborar en equipo y su mística de servicio a la ciudadanía. La Policía Nacional Civil (PNC) no es una agencia de empleos ni de vigilantes privados para allegados gubernamentales.

En cuanto al Sistema Penitenciario, existen propuestas de apoyo para la transformación. Una de ellas es encabezada por Byron Titus, experto en cárceles y reinserción que cuenta con experiencias valiosas y resultados tangibles en centros de detención de Massachussets. Varias veces ha ofrecido implementar sus exitosos métodos de rehabilitación, que reducen costos al Estado y devuelven a muchas personas útiles a la sociedad. Sus sugerencias, que aquí han caído en saco roto, han sido implementadas en EE. UU., Colombia, España y Argentina.

La noche del domingo fue ultimado un hombre en la colonia Martinico, zona 6. Las balas alcanzaron a su hijo de 2 años, quien falleció ayer. Estos niveles de brutalidad merecen una respuesta rápida y contundente de la PNC, pero también un compromiso con la justicia por parte de los fiscales y los jueces. Más allá de atacar los efectos, también es preciso atender los problemas comunitarios subyacentes y cada vez más graves.