Ya desde los días de la presidencia de Donald Trump, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, otrora feroz crítico del magnate, desmentía sus previas diatribas para convertirse en oficioso colaborador de los planes estadounidenses contra la migración. Ello ocurrió no sin amenazas, entre ellos gravar las exportaciones mexicanas, pero en todo caso no disminuye la contradicción respecto de declaraciones previas de López, una más de varias que se le achacan al tres veces candidato mexicano, cuyas realizaciones concretas en el gobierno distan mucho de las expectativas que despertó en sus campañas. Cualquier parecido con la realidad guatemalteca es mera coincidencia politiquera.

Los resultados hablan más que los discursos, expresan más que los informes de gobierno y sobre todo inutilizan las excusas. El éxodo de guatemaltecos con rumbo al norte no solo continúa, sino que se ha incrementado notoriamente con la pandemia. En solo nueve meses, la guardia migratoria de EE. UU. detuvo a más de cien mil guatemaltecos, pero la cuenta sobrepasa los 190 mil si se incluye en la cuenta menores no acompañados y grupos familiares, que también emprendieron tan peligrosa travesía quizá con la esperanza de reunirse con familiares o de tan solo escapar de precarias condiciones en sus lugares de origen.

Sin embargo, las detenciones en México también se han disparado, y con ello las deportaciones, que prácticamente se han duplicado este año en comparación con el 2020. De enero a julio fueron devueltos al país 24 mil 797 guatemaltecos que iban en tránsito sin permiso por territorio mexicano. En todo el año pasado fueron 11 mil 854 las deportaciones reportadas, un claro síntoma de desesperación económica y social.

Es interesante considerar que las deportaciones desde EE. UU. entre enero y julio últimos disminuyeron drásticamente: dos mil 668 personas. En el 2020 se contabilizaron 13 mil 769 personas devueltas por vía aérea, aunque recientemente se retomaron las llamadas deportaciones exprés de grupos familiares cuya finalidad es reducir costos logísticos y desincentivar la marcha de nuevos migrantes.

Defensores de migrantes señalan a México de haberse convertido en el muro trasero de Estados Unidos y a la vez contravenir convenios humanitarios al negar de facto al derecho de asilo de los migrantes, entre los cuales hay centroamericanos y de otras nacionalidades. Sin embargo, más allá de las respuestas inmediatistas del corto plazo, quedan en la incógnita -o incluso en la irrealidad de los ofrecimientos incumplidos— los planes de inversión social y productiva para potenciar la economía de la región limítrofe mexicano-guatemalteca, de donde sale un gran porcentaje de los migrantes.

La creciente dilución de las expectativas sobre AMLO, la dificultad para echar a andar proyectos que se preveían inmediatos y el aturdimiento que pasa el Gobierno de Guatemala a causa del repunte pandémico, se combinan de tal forma que se hace improbable una disminución del éxodo forzado. Para lograr resultados tangibles, tendrían que priorizarse proyectos de inversión sostenible, de conservación natural y de apoyo directo a las familias en precariedad. Lamentablemente, el clientelismo cortoplacista, el sabotaje de falsos opositores políticos y la penetración de grupos criminales en áreas con ausencia del Estado se ceban con la necesidad de la población e incluso medran con ella a partir del infame tráfico de personas.