Ni siquiera existe claridad sobre quiénes fueron los integrantes de un tribunal convertido en tramitador de un insólito amparo provisional que  ordena sacar de su tumba al partido Unión del Cambio Nacional (UCN), oficialmente eliminado en noviembre  por el Tribunal Supremo Electoral debido a delitos electorales y sus obvios nexos con el narcotráfico, toda vez que su fundador permanece preso en EE. UU., confeso por tal delito. No se sabe quién fue el promotor de esta acción que debió ser descartada por espuria, extemporánea e improcedente, pero cuyo anuncio ocurre a tres días de la convocatoria a elecciones.

Más sospechosa aún es la actitud de Sergio Antonio Escobar Antillón, jefe del Registro de Ciudadanos, quien recibió la notificación del “amparo” el lunes y ya se apresuraba a anunciar que le daría cumplimiento inmediato, sin someter siquiera algún tipo de objeción ante el pleno de magistrados del TSE, dado el alto impacto de las causales que llevaron a la supresión de dicho ente. Cabe recordar que el señor Escobar Antillón fue quien levantó la suspensión de la Unidad Nacional de la Esperanza, que estaba hundida en señalamientos de financiamiento no reportado y cuya cancelación ya estaba decidida por la anterior magistratura. Escobar Antillón devolvió en enero del 2022 la secretaría general a Sandra Torres cuando aún enfrentaba proceso judicial y en medio de una pugna con disidentes.

Fue en el 2009 cuando por primera vez el entonces embajador de EE. UU. James Derham resaltó los oscuros nexos de la UCN de Mario Estrada, y desde aquel entonces lo denominó “narcopartido”. Tuvieron que pasar 10 años para que finalmente comenzara su cancelación a raíz de la captura de su fundador, en un operativo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

Es de por sí cuestionable retrasar procesos sancionatorios por supuestas revisiones, tal como lo hizo el TSE desde abril del 2020 en favor de algunos partidos que ya estaban en ruta a la desaparición: entre ellos UCN, la UNE y también FCN-Nación. Cabe la casualidad de que diputados de estas bancadas apoyaron la elección de varios magistrados titulares y suplentes, entre los cuales hay un exministro del anterior gobierno. Pero revivir a un muerto ya puede entrañar figuras delictivas graves, lo cual ameritaría una buena investigación por parte del Ministerio Público, que presume de alta persecución del crimen.

La propia Corte Suprema de Justicia denegó dos veces los recursos legales de la UCN, tras lo cual vino su lógica, justificada y merecida eliminación legal. Intentar regresar de ultratumba a la UCN por decisión provisional de un tribunal menor sería un irrespeto total a la propia función del TSE y del Registro de Ciudadanos. Efectuar tal regresión sería un nefasto precedente para la exigencia de cuentadancia partidaria, porque cualquiera que burle los controles de financiamiento o cualquier normativa electoral puede creer que no será sancionado.

De acuerpar la postura del registrador Escobar Antillón, los magistrados del TSE se exponen a perder el escaso beneficio de la duda que les queda y no habrá campaña de propaganda que les devuelva credibilidad. Además, los partidos que los eligieron   los verán solo como lacayos colocados en esas sillas para validar sus caprichos. Se viene la convocatoria electoral, pero antes de efectuarla con aires de ceremonia y hasta cantando el himno nacional, deben zanjar de una vez por todas la imposibilidad de retrotraer un proceso ampliamente documentado. Es tiempo de que el TSE se dignifique y refrende la dignidad de la ciudadanía.