El Gobierno destaca en vallas publicitarias el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, los cuales tienen uno de sus pilares innegables en los miles de millones de dólares enviados por migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, a través de remesas para sus familias. Y así como se obvia este factor, la atención a este sector de guatemaltecos continúa siendo timorata e ineficiente. Poco ha mejorado la efectividad en la provisión de documentos de identificación personal y casi no existe mayor apoyo legal a los connacionales.

La más reciente muestra de esta apatía, o quizá temor, es la total indefensión en la cual se encuentran los migrantes nacionales en Florida. Se estima que allí viven unos 145 mil guatemaltecos, muchos de ellos indígenas e indocumentados, que ahora se enfrentan a posibles penas de cárcel y multas si permanecen en dicho estado. La ley antimigrante SB1718 tiene claros tintes racistas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard visitó en fecha reciente a sus compatriotas en comunidades de la península y ofreció acciones, diálogo y asesoría legal. Sin embargo, no existe hasta la fecha una toma de postura del Ejecutivo nacional, menos del indolente Congreso. Tal vez les importa poco o les temen a los republicanos ultraderechistas con los cuales ciertas bancadas sostienen alianzas, aunque esas medidas afecten a guatemaltecos que aportan a la economía del país.

No obstante, existe otra consecuencia más próxima en el tiempo de la aversión de este gobierno a dirigirse de manera asertiva a la administración de Joe Biden: el anuncio de continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que se concede a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países, entre los cuales no está incluido Guatemala.

Es preciso recordar que en 1998 el entonces presidente Álvaro Arzú declinó solicitar dicho beneficio por sus particulares razones, pese a que se pudo haber otorgado por el impacto del huracán Mitch en Centroamérica, que habría incluido a cientos de miles de guatemaltecos que ya se encontraban en EE. UU. en busca de oportunidades. La historia es el mejor juez del resultado de tal negativa. Honduras y Nicaragua, en cambio, gozan del TPS desde hace 25 años.

En junio del 2022 se presentó una oportunidad de oro en la Cumbre de las Américas para que Alejandro Giammattei solicitara de manera formal y en persona un TPS a favor de millones de guatemaltecos, pero desperdició la ocasión porque no acudió a la invitación girada por Biden. Arguyó supuestos motivos de agenda, pero con ello se pudo apreciar el carácter secundario que tenía el tema migrante. El canciller Mario Búcaro fue designado por el mandatario para representar a Guatemala y en él delegó la tarea de formular la petición de TPS. Con todo el respeto, se puede afirmar que no era el mismo nivel de representación y, por lo tanto, no se llegó a nada.

Los beneficiarios del TPS gozan de mejores oportunidades para recibir permisos de empleo y permanencia en EE. UU. Si un 20 por ciento de la economía guatemalteca depende de los envíos de dólares que hacen estos guatemaltecos, ¿por qué no protegerlos con entereza? La lección es clara para las próximas autoridades del Ejecutivo y el Congreso: deben incluir a la comunidad de guatemaltecos migrantes dentro de su visión de Estado, con el fin de defenderlos con energía y total respeto al país que los acoge, en un marco de coherencia y dignidad.