Es notorio el giro en el mecanismo de acción del Ministerio Público para requerir información al Tribunal Supremo Electoral. Denota una tácita admisión de la inconveniencia de los allanamientos practicados con lujo de fuerza el 13 y 21 de julio, con exagerado número de agentes armados y encapuchados, para llevarse documentos que simplemente pudieron solicitar con educación al TSE, toda vez que se trata de la máxima autoridad en materia electoral, “no supeditado a organismo alguno del Estado”. Sus magistrados han declarado y actuado con respeto a cualquier requerimiento referente a objeciones del proceso electoral. Por lo tanto, merecen respeto.

Recientemente, hubo “solicitudes” de información al TSE de otras dos fiscalías, la de Delitos Administrativos y la de Delitos Electorales, sobre las listas de digitadores, sobre el contrato del sistema digital utilizado y sobre los resultados electorales, algo que está publicado en el sitio digital de la institución, dado su interés e implicaciones públicas.

Según declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, son 13 los casos por los cuales el MP, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, realiza pesquisas. Pero una cosa es inquirir sobre determinados aspectos del quehacer institucional y otra actuar de manera intimidante en un momento estratégico a 18 días para la celebración de la segunda vuelta de elección presidencial. La Feci endilgó al juez Fredy Orellana la conminatoria, bajo amenaza de prisión, de suspender a un partido en contienda, que fue enviada al registrador de ciudadanos y después a la registradora en funciones, una orden inviable, toda vez que la Ley Electoral, de rango constitucional, lo prohíbe. En todo caso, fue el propio MP el que solicitó la orden de marras.

Pasar de los allanamientos a las “solicitudes” perentorias en pleno período eleccionario poco varía la percepción de asedio legal, cuyo trasfondo y la identidad de denunciantes deberían ser debidamente aclarados por la propia fiscal Porras, quien desde el inicio de estos procesos no ha emitido un pronunciamiento taxativo sobre la finalidad de las acciones. La lacónica justificación emitida ayer por el Departamento de Comunicación del MP acerca de los 13 casos poco contribuye a generar confianza ciudadana y sí acicatea temores, como señaló la presidenta del TSE, entre los ciudadanos que voluntariamente participan en juntas electorales.

El cotejo de actas y resultados ordenado por la Corte de Constitucionalidad a petición de nueve partidos perdedores se efectuó de manera pública y las variaciones fueron ínfimas respecto de los resultados divulgados. La Corte Suprema de Justicia, por delegación de la CC, dio por buena la revisión, por lo cual cabe cuestionar para qué solicitar resultados electorales ya publicados.

De hecho, ayer se entregaron oficialmente las curules del Congreso. El proceso de segunda vuelta, ya oficializado por el TSE, está amparado por clara orden de la CC, que no debería ser eludida, burlada o peor aún contravenida por acción u omisión. Cabe recordar la tipificación del delito de turbación electoral: “El que con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal será sancionado con prisión de dos a ocho años”. Cabe añadir que la votación no es un evento aislado, sino parte de toda una ruta institucional desde la convocatoria hasta el relevo de gobierno sin interferencias ni abusos de un poder delegado.