El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en busca de una nueva nominación como candidato republicano a la presidencia, hoy cumple 77 años. Pero no es un cumpleaños más, porque esta vez se encuentra bajo proceso judicial. En abril fue acusado de haber efectuado presuntos pagos ilegales a una actriz para ocultar la relación que sostuvo con ella, dinero que habría declarado como gastos electorales. Sin embargo, desde ayer enfrenta 37 cargos por la sustracción y retención de cientos de expedientes confidenciales o de alto secreto que sacó de la Casa Blanca en los últimos días de su mandato y que mantuvo apilados en propiedades suyas, en lugar de haberlos remitido a los Archivos Nacionales.

La diferencia entre los dos procesos es que el segundo es por delitos federales, incluido el de obstrucción a la justicia. Es la primera vez en la historia de EE. UU. que un exmandatario se enfrenta a un proceso judicial. Existen evidencias públicas registradas en videos y declaraciones de agentes de varios entes estatales que localizaron los documentos en mención, pero Trump se declaró “no culpable” y sostiene ser víctima de una persecución política del presidente Joe Biden para truncar su aspiración a competir por una segunda gestión.

Como es usual, el magnate aprovechó el baño de masas para tratar de dar un giro propagandístico a su comparecencia en el juzgado de Miami al que fue citado. Llegó con dos horas de antelación y luego de haber escuchado las acusaciones a las que que su abogado contestó “inocente”, fue dejado libre sin caución por el juez Johnatan Goodman. De ahí se dirigió a un restaurante local, famoso por representar a la disidencia cubana, donde invitó a comer a todos y lanzó nuevas arengas.

Trump criticó el manejo demócrata de EE. UU. y sostuvo que ahora en la nación “no hay más que problemas”, que “es un país en decadencia como nunca antes” y lo calificó de “corrupto”. Otro tanto hizo su abogada, al comparar la situación con una dictadura latinoamericana. Ante un foro de financistas de campaña, reunidos anoche en Nueva Jersey, el exgobernante insistió en sus reclamos con el argumento de un supuesto linchamiento judicial, una clara estrategia de campaña de nominación, en la cual se mide con otros perfiles republicanos, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien al igual que Trump ha impuesto una dura estrategia contra los inmigrantes.

Estados Unidos tiene fuertes normativas de registros y manejo de información pública. Casi toda conversación de mandatarios y funcionarios de todo nivel, ya sea verbal, telefónica o por cualquier otro medio, puede y debe quedar registrada, como una medida de cuentadancia, para evitar actos ilícitos o poner en riesgo la seguridad nacional.

A causa de este marco legal fue criticada e investigada la ex primera dama y candidata presidencial Hillary Clinton. Se descubrió que del 2009 al 2013, como secretaria de Estado, utilizó direcciones de correo electrónico personales para sostener comunicaciones, algunas de ellas relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Clinton borró muchos de ellos y lo atribuyó a un error. La investigación del Buró Federal de Investigación concluyó que no había existido delito. Sin embargo, en la campaña y debates presidenciales de las elecciones del 2016 Trump fustigó sin cesar a Clinton por dicho caso y hasta anunció que nombraría a un fiscal para procesarla por poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. La historia se repite.