A pesar de ser la columna vertebral de la economía antigüeña, el turismo sigue siendo una industria vulnerable, pese a ser el destino más visitado. Así se evidenció durante y después de los meses críticos del confinamiento sanitario por la pandemia. Recuperar las visitas, sobre todo aquellas con estadías de varios días, como las convenciones, paquetes grupales o bodas, no ha sido sencillo. Sin embargo, basta una decisión mal sopesada para botar el esfuerzo de largos y agónicos meses.

Con el supuesto objetivo de reunir fondos para “incentivar actividades culturales, de arte y recreación para el turismo”, la Municipalidad de Antigua Guatemala, dirigida por el alcalde Victor Hugo del Pozo, creó un impuesto, disfrazado de tasa, para todo turista nacional o extranjero que se hospede una o más noches en ciertos hoteles del municipio. Tal medida, aprobada el 7 de julio y que cobró vigencia el viernes último, genera malestar en la industria hotelera local que teme desde ya cancelaciones, reducción de reservas y desplazamiento del mercado de hospedaje a municipios vecinos, con el correspondiente impacto en empleos directos e indirectos. Se desconoce cuál sea el verdadero propósito de tal medida y si se tomó sin evaluar sus consecuencias o posibles alternativas para evitar este castigo a una industria convaleciente. Según la comuna fue una decisión discutida y consensuada, pero las quejas apuntan a lo contrario. En todo caso, el Instituto Guatemalteco de Turismo tiene recursos destinados a la organización de eventos y una cooperación similar puede entablarse con el Ministerio de Cultura o incluso en cooperación con la iniciativa privada, y no solo poner la carga en una parte del sector hotelero, que es la que más plazas laborales genera.

Hace tan solo un par de meses la comuna antigüeña también giró alrededor de la polémica solicitud de licencia municipal de construcción para un centro de convenciones en San Juan del Obispo, proyecto que ya había sido denegado por el Consejo Nacional de Protección de la Antigua Guatemala por atentar contra la unidad patrimonial de la zona. Tan solo por ese hecho quedaba fuera de cualquier evaluación ulterior, puesto que la comuna integra dicha entidad. El proyecto fue rechazado por historiadores, arquitectos y expertos en conservación, incluida la propia Unesco.

A la fecha no sabe si tal pedido fue desestimado, como corresponde. Por el contrario, las actuales autoridades ediles han evadido poner en vigencia un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) fundamentado en el estudio concluido en el 2018, y que tendría elementos suficientes para proteger a la ciudad colonial en consonancia con su ley protectora y a la vez trazar nuevas vías de desarrollo sostenible. En lugar de eso, la municipalidad concesionó la tarea de elaborar el POT a una asociación privada que tendría conflictos de interés por involucrar proyectos de urbanización en el perímetro protegido.

El nuevo tributo por hospedaje podría ser impugnado constitucionalmente si es señalado de doble tributación, así como arbitrariedad de carácter selectivo y atentar contra la libertad de industria, de comercio y de trabajo. De no ocurrir esto, sería un nefasto precedente para otros destinos turísticos. En todo caso, para la actual administración municipal este despropósito puede representar una factura mucho mayor respecto de aspiraciones, supuestos planes y ofrecimientos por presentar de cara a las urnas electorales del 2023.