Es sintomático, sospechoso y simplemente oportunista el repentino dictamen favorable de nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos anunciado ayer en medio de cuestionamientos de secretismo, exclusión de votos razonados y firmas recolectadas fuera de la sesión de la sala legislativa correspondiente. El problema no es que se lance la propuesta a cinco meses de la convocatoria a elecciones, sino su evidente intención de relegar la fiscalización, rebajar sanciones, fomentar la impunidad de delitos electorales y usar de cebo la mejora en la representatividad que en un Congreso como el actual no tiene mayores posibilidades de ser reforzada.

El 12 de agosto último, trece entidades de la sociedad civil, entre las cuales figuran centros de investigación social, universidades, la Alianza Evangélica y la Conferencia Episcopal de Guatemala, solicitaron al Congreso discutir la posibilidad de autorizar la votación para diputados distritales en forma individual y no en listados, aclarar el concepto de campaña anticipada para que no interfiera con la discusión política permanente de asuntos nacionales, definir taxativamente las reglas de financiamiento público y privado, además de propiciar la equidad en la participación.

Si bien se incluye un artículo sobre apertura de los listados de aspirantes a diputados, queda opacado por la reducción de potestades al Tribunal Supremo Electoral para sancionar a los partidos políticos y a sus dirigentes: todo un boleto gratis a un nuevo círculo de impunidad. Por si fuera poco, pretenden los diputados ponentes, algunos de los cuales son advenedizos, quitarle al TSE la potestad de poder presentar denuncias al Ministerio Público por delitos electorales.

También pretenden quitarle a la autoridad electoral su calidad de supremo, ya que buscan someter los procesos de cancelación de partidos transgresores al fuero judicial común: ninguna entidad podría ser suprimida sin una condena firme emitida por el OJ y es de sobra conocida la parsimonia con la cual avanzan estos casos. Baste mencionar que actualmente la organización Unión del Cambio Nacional (UCN) ya no debería existir en el espectro político, debido a su financiamiento ilícito, pero un extraño amparo judicial frena su desaparición. Situaciones así se multiplicarían en una escalada de impunidad eleccionaria sin precedentes.

Es contradictorio que se planteen aumentos en el monto de gasto de campaña y también en el pago de deuda política; es decir, aquel dinero que el Estado transfiere a cada partido según los votos obtenidos en elecciones. Se plantea calcular tales montos en dólares americanos. Sin embargo, para las multas por infracciones electorales los diputados ponentes toman como unidad de medida “de 1 a 50 salarios mínimos” en moneda nacional.

Esgrimen los firmantes del dictamen que no se modifican las restricciones al transfuguismo electoral dentro de la iniciativa, pero dados los antecedentes de esta legislatura no sería imposible que lleguen a incluirlo, sobre todo ante las previsibles desbandadas y pactos, que ya se dejan entrever en la participación de ciertos adláteres del oficialismo en inauguraciones y actos de proselitismo. La ciudadanía debe estar atenta a las acciones del Congreso en relación con este intento tardío de reformas, que, de ser agendado en las sesiones del pleno, podría abrir una puerta a males mayores de los actuales. En todo caso debería circunscribirse a empoderar la cuentadancia y la representatividad, no a alfombrar el camino de viejos desmanes.