Primero salió corriendo del cargo el exministro de Gobernación antes que responder por la represión policial contra ciudadanos indefensos en noviembre de 2020, pero, peor aún, se fue con un ostensible aumento de muertes violentas durante 2021. Al menos 4 mil 78 víctimas mortales se reportaron el año pasado, un 16.5% más que en 2020, un indicador que no habla bien del año y pico en que Gendri Reyes tuvo a su cargo la cartera. Sin embargo, la sucesión tampoco parece tener mayor incidencia en las políticas de seguridad, pues en enero último se registraron 363 asesinatos: nueve más que en 2021.

Relacionistas y propaganderos oficiales bien pueden argüir que se trata de un repunte después de varios años de caída en la tasa de homicidios. Sin embargo, en materia de vidas humanas la tolerancia debe ser de cero si es que se aspira a una vida de calidad en sociedad. Por otra parte, que el repunte coincida con la administración de Giammattei Falla exhibe de alguna forma las deficiencias de la labor del gabinete de inteligencia y de la Policía Nacional Civil.

Es obvia la ineficacia de prácticas repetitivas, estériles y sospechosas como los retenes policiales, que se prestan más a la discrecionalidad y los cohechos que a un combate integral de la criminalidad. Sin embargo, son numerosos los agentes involucrados a diario en esta metodología obtusa, en provincia y carreteras. La incautación de armas es escasa y las capturas son golpes de suerte. Los puestos suelen instalarse en la misma ubicación a diario y, por ende, son fácilmente eludibles por facinerosos que transitan con suspicacia debido a la misma naturaleza vil de sus actividades. Basta señalar como ejemplo los cinco retenes que colocan distintas patrullas a lo largo de 4 kilómetros, entre la frontera de Honduras y Esquipulas. Supuestamente evitan el paso de migrantes, pero solo de aquellos que no “colaboran”. Algo similar ocurre en localidades y rutas de la provincia con motoristas y conductores.

La pregunta es: si hay ocho, 10 o 15 policías deteniendo automotores en las rutas a diario, ¿quiénes se encargan de la vigilancia en los cascos urbanos? Y debido a que ninguna dependencia policial centraliza los datos de registros y hallazgos, no existe forma de demostrar la necesidad de continuar esta estratagema que más se asocia con la represión del conflicto armado que con tácticas modernas de seguridad democrática.

A las autoridades les gusta el elogio y la barahúnda aduladora, pero son reacias a reconocer los fracasos que golpean directamente a los ciudadanos honrados. Los asaltos y las extorsiones aumentaron, junto con los homicidios: 363 en el primer mes de 2022, y no se dice una sola palabra de ello, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. Hace tres lustros existía una suposición aterradora: que ciertos grupos acicateaban el temor ciudadano con miras a presentar una agenda electorera de mano dura. Quizá era simple y llana negligencia seguida de más necedad.

Dos jóvenes empleados de Salud fueron asesinados en una céntrica arteria de Chiquimula, la noche del jueves 24. Un propietario de un molino de nixtamal fue acribillado ayer en Amatitlán, por aparente extorsión. El cadáver de una mujer envuelto en sábanas apareció ayer en Ciudad Peronia y dos días antes se registró otro hallazgo en similar condición. Las malas noticias no solo se cuentan, sino que se enfrentan. El Ejecutivo no debería esperar a que la tendencia cambie si no está haciendo nada distinto para revertirla.