El voluminoso porcentaje del presupuesto de gastos destinado a municipalidades, incluyendo la permisividad de trasladar fondos remanentes del 2022 para terminar de ser ejecutados este año, era a todas luces el principal elemento del cortejo gubernamental para lubricar el apoyo de casi dos centenares de alcaldes en busca de reelección, quienes a su vez, hipotéticamente, aportarían un supuesto endoso de votos al partido oficial, una apuesta arriesgada y con dinero ajeno, que no solo no es nueva, sino que no les ha funcionado a anteriores partidos oficiales.

A la larga, el gran riesgo radica en que los miles de millones repartidos entre los allegados constituyen una tentación muy grande para los propios jefes ediles, quienes, ante la duda sobre el resultado electoral, podrían optar por hacer adjudicaciones con dedicatoria para ciertos contratistas, incluyendo empresas familiares, a cambio de comisiones subrepticias, lo cual ha ocurrido en el pasado, incluso cuando las partidas tenían más candados.

Así también, los nuevos ofrecimientos de proyectos comunitarios para el último año de gestión, pese a ser tardíos e interesados, despiertan entre los vecinos altas expectativas de calidad, funcionalidad y pertinencia. Con frecuencia terminan causando un efecto contrario al deseado. A cinco meses para las elecciones, la posibilidad de concretar proyectos es limitada.

Lo mismo aplica a las obras del gobierno central: aquello que no se pudo priorizar o sistematizar en los primeros tres años, difícilmente se venderá como logro en el último tramo del período. Cada camarilla gobernante, incluyendo la actual, pretende obtener resultados diferentes repitiendo los mismos errores: opacidad, clientelismo, asignación preferente de obras a ciertos contratistas, dilación en la provisión de información pública y acumular proyectos cuya inauguración “coincide” con el período de campaña.

Es tajante la prohibición contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos referente al uso de propaganda mediante obras y programas pagados con fondos públicos. La razón es clara: ejecutar dichos proyectos con calidad no es un mérito, sino la simple y llana obligación de quien ostenta un cargo. Aún así, se insiste en disfrazar tales actos con eufemismos. Funcionarios lanzan arengas durante la “supervisión” de tramos viales, escuelas a medio construir o centros de salud inconclusos. Diputados que quieren otros cuatro años de curul llaman “fiscalización del gasto” a las visitas con sillas, partidarios y podios.

Abundan ejemplos de estas ilegalidades, que a menudo quedan sin sancionar. Uno de los más patéticos es la “supervisión” del Libramiento de Chimaltenango, efectuada por el entonces presidente Jimmy Morales, el 12 de abril de 2019. Tenía todos los indicios de ser un acto publicitario en plena campaña, la cual perdieron estrepitosamente. Hay un agravante más, si acaso era supervisión, fue muy mala, porque cinco meses después comenzó el paulatino derrumbe de los taludes.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, en su discurso de convocatoria a elecciones habló de una “oportunidad de hacer patria” y pidió a la ciudadanía exigir a los medios de comunicación “que hablen de lo más importante, que no reduzcan esta campaña a disputas personales ni a pirotecnia publicitaria”. En efecto, es la población la que elige libremente dónde y cómo se informa para tomar mejores decisiones, pero el monitoreo de cualquier acto de campaña con recursos u obras públicas solo está en manos del TSE, que debe sancionar de manera severa y no solo con circunloquios legalistas o más eufemismos.