Para llegar a consensos de acción en favor de una agenda nacional del desarrollo, en el contexto de la elección de Bernardo Arévalo como presidente de la República para el período 2024-2028 es necesaria una actitud de madurez cívica, política e incluso jurídica para dejar de lado animadversiones previas y respetar la decisión soberana expresada por la ciudadanía. Esto abarca el cese de hostigamientos desfasados cuyas raíces evidencian intenciones ajenas al espíritu de las leyes y prejuicios politiqueros que nada tienen que ver con el estado de Derecho y, por el contrario, lo socavan. En el nuevo tablero de realidad tras la decisión ciudadana del 20 de agosto último pueden identificarse intentos de fraude de ley que deberían ser punibles incluso para funcionarios que afirman defenderla pero lo hacen de manera tardía, obtusa y con evidentes conflictos de interés, dadas sus afinidades.

Contrario a tan inviables embestidas leguleyas existen actitudes proactivas, declaraciones positivas y muestras de evidente interés por el bien común, más allá de las diferencias de ideas. Una muestra de esta aquiescencia a buscar nuevos rumbos de desarrollo es el llamado del empresariado organizado a trazar un consenso nacional de objetivos para el próximo gobierno.

Con base en el pacífico y armónico desarrollo de los comicios, las cifras emitidas por los votantes y la reducida cifra de impugnaciones, el presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Ignacio Lejárraga, considera desde ya los resultados como válidos y respetables en un entorno democrático. Pero lo más importante: para los cuatro meses y dos semanas restantes, sugiere un diálogo nacional liderado por el presidente electo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé para la próxima semana hacer oficiales los resultados, un paso que sigue formando parte del proceso eleccionario que se ha visto asediado por acciones del Ministerio Público, algunas en total destiempo, como una petición de antejuicio contra dos magistrados, solicitada ayer, pero basada en una denuncia de hace seis meses, por una inscripción que finalmente fue desestimada y cuyos efectos, por lo tanto, no existen sobre el ciclo electoral vigente.

En todo caso, la campaña electoral ya terminó. No más mítines ni arengas, y mucho menos polarización. Por eso tiene tanto valor el proceso de consenso y entendimiento que plantean los empresarios. Nada productivo nace de la confrontación y por eso otras iniciativas de diálogo pueden y deberían surgir de iglesias, colectivos sociales, grupos ciudadanos, universidades, centros de investigación, estudiantes… La metodología se puede acordar sin perderse en inventar agua azucarada y a la vez sin caer en rencillas divisivas. En todo caso, como ya se ha dicho en este espacio, si se comparan las propuestas de partidos de la pasada contienda, todos —incluyendo al electo por la ciudadanía— ofrecían mejorar la salud y la educación, generar empleo, seguridad pública y brindar certeza jurídica para la inversión. No hay ya donde perderse, pues los objetivos están claros.

Guatemala ha tenido una pérdida de costo de oportunidad de dos décadas a causa de discrecionalidades, enfrentamientos, intolerancias e infiltración de grupos corruptos en estamentos del Estado. Los resultados están a la vista y los rezagos en competitividad los padecen millones de guatemaltecos. El diálogo es la única vía para encontrar nuevos caminos.