La presunción de decencia es fundamental, básica, imprescindible para todo individuo que se postula a un cargo de elección popular. El relativismo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) bloqueó, con justa razón, algunas de esas candidaturas, pero dio luz verde a otras pese a tener registradas conductas lesivas, figurar en listas de corrupción o mantener nexos con grupos de narcotráfico o camarillas politiqueras rechazadas en el pasado y que una vez más regresan envalentonadas en busca de más impunidad.

En ese río revuelto, ganancia de oportunistas y confusión para los electores, arranca la campaña de propaganda electoral para los comicios del 25 de junio del 2023. La poca claridad de criterios del TSE vuelve a dejar en manos de la ciudadanía el intentar la depuración o cuando menos la alternancia de perfiles en cargos de Gobierno, Congreso y alcaldías. Al menos 9.3 millones de guatemaltecos están convocados a elegir entre los perfiles propuestos por 30 partidos, una tarea complicada por la multiplicación de ofertas, eslóganes, supuestos planes distintos y las infaltables conductas clientelares de obsequiar y rifar toda clase de mercancías, como si el voto fuese una de ellas.

La politiquería, ya sea oficialista u opositora, siempre tiende a menospreciar la inteligencia de los ciudadanos. Prueba de ello son los intentos de impresionar a través de exhibir reuniones masivas que tratan de vender como apoyo unánime, como si estuviésemos en la década de 1970. Otra treta es tratar de crear una imagen de supuesta cercanía y cotidianidad de las figuras políticas, pero al ser poco verosímiles generan el efecto opuesto. Y, por supuesto, proliferan discursos populistas con ofrecimientos basados en estudios mercadológicos de problemas que a veces parecen inducidos o acicateados.

El desarrollo humano en el país continúa preso de rezagos históricos debido a la incapacidad o falta de voluntad de la politiquería crasa para trazar una agenda de Nación. La desnutrición crónica y aguda deberían estar extintas en un país con tantas riquezas. La insuficiente cobertura y calidad educativa deberían estar superadas en un país con tanta inteligencia. La mala infraestructura vial, ferroviaria y portuaria tendría que estar solventada en una nación con tanto potencial económico. La infame corrupción tendría que ser un cáncer remitido en un país con tantos ciudadanos honrados, trabajadores y creyentes. Así que es tiempo de coherencia y, sobre todo, de un nuevo paradigma de exigencia cívica y política.

En fecha reciente algunas entidades privadas y centros de pensamiento han planteado abordajes técnicos, con sentido social, pero también pragmático, respecto de una mejora en educación, competitividad regional y global, generación de oportunidades laborales y seguridad alimentaria, entre otros. No son dogmatismos ni recetas únicas, sino invitaciones a la búsqueda de consenso en favor del bien común. Muchas de esas directrices ya figuraban en la “Agenda Nacional Compartida” firmada hace 20 años por más de 24 partidos, la cual fue irrespetada después por esos mismos grupos. Muchos de aquellos dirigentes o integrantes siguen hoy en política con otros símbolos, aunque con más tiempo perdido.

Es urgente e imperativo que los candidatos al Ejecutivo y Legislativo se comprometan con una agenda de prioridades que se sostenga por al menos dos décadas. Participar de ese consenso vinculante en pro del desarrollo del país sería un primer factor para elegir o descartar opciones. No se necesitan más canciones o discursos rancios, sino solo tener palabra y mostrar decencia.