Muchas son las críticas, las incertidumbres y los limbos legales pendientes de resolver para el proceso eleccionario del 2023, que fue convocado hace una semana y para el cual ya se destaparon varios binomios presidenciales, sin grandes sorpresas y también con poca novedad respecto de planteamientos para atender los grandes temas de desarrollo integral prácticamente relegados por el gobierno de un partido que hace cuatro años ofreció un cambio de rumbo.

Buena parte de los despropósitos del actual oficialismo fueron respaldados, por acción u omisión, por varios partidos que apoyaron decretos, voluminosos presupuestos, directivas congresiles, nominación de magistrados afines e incluso intentos de conculcar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Ahora toman distancia o fingen hacerlo nominando sus candidatos para disputar cargos del Ejecutivo, Legislativo y corporaciones ediles.

En todo caso, es a la ciudadanía a quien le corresponde hacer el balance de cumplimientos y decepciones, de logros y malogros que cada partido oficial intenta vender con saldo positivo a fuerza de efectismos publicitarios o disimular a través del acicateo de polarizaciones estériles. No obstante, siempre puede más la inteligencia de los guatemaltecos que padecen a diario los fiascos gubernamentales.

Más allá de la rivalidad entre aspirantes, es necesario un acuerdo ético para efectuar una campaña de altura, con debates de calidad y propuestas concretas, de enfoque técnico, con cifras y realidades, no con eslóganes o circunloquios. De hecho, al consultar a 14 de los políticos que ya presentaron su expediente de inscripción como candidatos se denota una especial preocupación por los riesgos de violencia y conflictividad, así como una expectativa de transparencia del Tribunal Supremo Electoral en la aplicación de normas.

Es un mal indicio la multiplicación de partidos, no porque no tengan derecho, sino porque demuestra incapacidad o falta de voluntad para lograr acuerdos que robustezcan prioridades de Estado. Pero más grave aún es la falta de discusión política a estas alturas, debido a prohibiciones legales generadas por las deficientes reformas a la Ley Electoral, que a todas luces buscaban favorecer a viejas caras en detrimento de propuestas más recientes.

La mejor alternativa ante este escenario de dispersión sería la firma de un consenso de prioridades fundamentales para el mediano y largo plazo. No es tarea imposible en corto plazo porque están a la vista: transformar el sistema educativo; promover dinámicas productivas agrícolas, ecoturísticas y de emprendimiento para propiciar oportunidades de empleo; cambiar las normas de contratación y evaluación de servidores públicos, así como transparentar con exigencias modernas los procesos de adjudicación y supervisión de la obra pública.

Quien no quiera comprometerse está en libertad de no comprometerse y seguir cantando las mismas cancioncitas propagandísticas y repitiendo prácticas nefastas que solo crean más pobreza, más migración y más desesperanza para la niñez y juventud. Pero todos aquellos que apunten su nombre y el de su partido en esta agenda básica de Estado, están obligados a lograr mejoras sustanciales de indicadores e impulsar las reformas necesarias. Ese acuerdo sí sería convincente. No somos ilusos: los antecedentes invitan al escepticismo, pero un acuerdo de tal magnitud generaría un ventajoso y elocuente beneficio de la duda para sus signatarios. Hará falta ver si los 14, 20 o 25 candidatos son capaces de anteponer el bien común a manidos intereses.