Varios sucesos de impacto público ponen de relieve la inseguridad nacional que padecen los guatemaltecos. No es una crisis coyuntural ni una casualidad, sino consecuencia de la falta de un plan integral para abordarla y años de abandono de distintos gobiernos. En cuanto al actual, de poco sirvieron los 12 años de campaña previos al período Giammattei Falla. Cuatro ministros de Gobernación en tres años, cero transformación en el Sistema Penitenciario, reducción en la formación de aspirantes a la PNC o larga afinidad con el diputado Armando Ubico, ahora buscado para extradición por EE. UU., por cargos de narcotráfico, junto a otros tres funcionarios, figuran en el contexto de creciente inseguridad pública.

A lo anterior se suma el patrón de acción observado en otras entidades de justicia que se han afanado más en desmantelar ciertos casos e impulsar causas judiciales contra opositores, periodistas críticos, exfiscales y jueces; a excepción del tardío retiro de inmunidad de Ubico. La Corte Suprema de Justicia ha protegido sistemáticamente la inmunidad de magistrados o allegados al pacto oficialista, que empieza a quebrarse por pugnas o pantomimas de rivalidad electoral.

Es escandaloso el video del presunto narcotraficante que, fusil en mano, increpa a dos policías y exige la “respuesta” de un comisario en Chiquimula. Vistosos y estériles han sido los operativos para lograr su captura, pero más lo fue la inacción de los agentes para arrestarlo en flagrancia, así como la tardanza de un juez para emitir órdenes de allanamiento. Sin embargo, estas codependencias, contradicciones y relativismos son frecuentes en municipios fronterizos y costeros, donde son de sobra conocidas la aveniencias entre capos, alcaldes, diputados y oficiales locales. En la provincia es usual observar la portación ostentosa de armas sin que la Policía detenga a nadie.

Toda esta exhibición de impunidades al mejor postor o al mejor favor descompone la percepción de justicia y envalentona a delincuentes que asaltan en grupo en vías congestionadas, asesinan a tenderos de barrio o protagonizan balaceras, como la que causó la muerte de un agente de la PMT en San Pedro Ayampuc, el lunes último, o el ataque contra un picop en Antigua Guatemala, el 3 de enero. La reacción policial es tardía, infructuosa y descoordinada. Es así como surgen bandas como la denominada los Barrancos, que ha cometido tropelías en zonas residenciales otrora seguras, un indicio más de la falta de planes serios.

El reciente relevo de la cúpula policial exige que quede claro si conlleva cambios de exigencia institucional o nuevas políticas de transparencia para todo integrante. Ha sido dañino y desgastante para la PNC el desperdicio de efectivos en barricadas alrededor del Palacio Nacional de la Cultura o del Legislativo para aislar a diputados o funcionarios de los reclamos ciudadanos, cuando en realidad deberían estar patrullando barrios. El recién ascendido director policial debe mostrar resultados a corto plazo; de lo contrario se infiere que su nombramiento obedece a otras prioridades.

Finalmente, cabe exigir a los presidenciables que no utilicen el dolor, la sangre y el luto de las familias guatemaltecas como leña electorera. Sus bancadas y tránsfugas han permanecido indiferentes a la violencia y los abusos por tres años. Incluso existen congresistas que aspiran a la reelección bajo otro cascarón partidario claramente asociados con narcopartidos pero que ahora pretenden fingir borrón y cuenta nueva. Los malos resultados están a la vista y muchos guatemaltecos los están pagando con su vida.