Cuando el presidente Obama declara “una emergencia nacional por una inusual y extraordinaria amenaza” proveniente de Venezuela parece un exabrupto poco serio, en realidad se trata de una fórmula jurídica necesaria para activar las atribuciones legales que permiten al Ejecutivo de Estados Unidos aplicar sanciones contra unas personas o un país, más allá de lo aprobado por el Congreso. Esta fórmula jurídica ha sido utilizada frente a Zimbawe, Sudán, Birmania, Corea del Norte, entre otros, y no hubo ninguna invasión militar. En el caso de Venezuela las sanciones anunciadas son contra siete funcionarios, seis militares y una fiscal, por violaciones a los derechos humanos de manifestantes pacíficos y líderes de la oposición venezolana. Las sanciones consisten en impedir el ingreso a EE. UU. y el congelamiento de sus cuentas en bancos norteamericanos y el secuestro de sus bienes en EE. UU. Por tanto, si los sancionados no tienen bienes de fortuna en ese país ni tienen interés en visitar Miami o Nueva York, las sanciones son bastante inofensivas. Además los sancionados pueden, si lo desean, apelar en el sistema legal norteamericano. Ahora bien, hay que subrayar que las sanciones no son en contra del país, si lo fuesen, como en el caso de Irán, lo primero que haría EE. UU. sería suspender la compra de petróleo venezolano y también la exportación de una lista de productos a Venezuela. Recordemos que EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, el primer importador de petróleo venezolano y además el único que paga en efectivo.

El gobierno de Maduro, en cambio, está utilizando su enorme aparato propagandístico para denunciar, interna y externamente, que las sanciones son en contra de Venezuela y que anticipan una inminente acción militar. Recordemos que, según todas las encuestas serias, el apoyo al Gobierno ha caído alrededor del 20%, por el fracaso de un modelo socioeconómico, basado en ideas muertas y que no sólo no crea riqueza, sino ni siquiera distribuye con justicia la pobreza. Maduro frente a la considerable reducción del apoyo popular y la grave crisis socioeconómica ha optado por un aumento de la represión de la protesta, la persecución del liderazgo opositor, la intimidación, la censura y el acoso a los medios de comunicación independientes. Por tanto, la denuncia y magnificación de la agresión yankee le sirve al Gobierno como cortina de humo para tratar de distraer la atención del desastre socioeconómico y de los numerosos escándalos de corrupción y narcotráfico de los funcionarios del régimen, como el reciente descubrimiento del lavado de US$2 mil millones de PDVSA en el banco BPA de Andorra. También es evidente la intención del Gobierno de utilizar la excusa de la supuesta agresión norteamericana para justificar la persecución y el encarcelamiento del liderazgo democrático acusándolos, entre otras cosas, de traidores de la patria, para eso se aprueba una ley que habilita al presidente Maduro para legislar hasta en materia penal. Es evidente el falso nacionalismo del Gobierno. Si de verdad quisieran defender la soberanía nacional deberían abandonar la pasividad frente a Guyana y ocuparse de defender la fachada atlántica y nuestros derechos en la reclamación de la Guayana Esequiba. Finalmente, frente al aumento de la represión del Gobierno, el fortalecimiento de la unidad de la alternativa democrática es indispensable y la comunidad democrática internacional debe mantener activamente la denuncia y la vigilancia. Vigilia pretium libertatis.