Los guatemaltecos interesados en la preservación del patrimonio histórico del país se sintieron satisfechos cuando se conoció que, luego de un par de años de preparaciones, autorizaciones y unificación de criterios, habían comenzado los necesarios trabajos para que la catedral de Antigua Guatemala recuperara la preponderancia que le corresponde como uno de los monumentos coloniales más importantes, por infortunio en un estado de lamentable descuido por numerosas circunstancias.

La satisfacción por el inicio de tal obra se complementaba porque era el resultado de dos años de trámites, con la participación de un patronato integrado por autoridades eclesiásticas, de vecinos y el sector privado, en este caso representado por el Banco G&T Continental, que de manera poco común habían logrado unificar esfuerzos y criterios, con la autorización del Consejo para la Protección de Antigua Guatemala (CNPAG), una entidad integrada por el alcalde de la ciudad, quien lo preside, y representantes de las facultades de Arquitectura y Humanidades de la Universidad de San Carlos, y por el Ministerio de Cultura y Deportes y la Academia de Geografía e Historia.

Para sorpresa de todos, el CNAPG ordenó la semana pasada la suspensión de los trabajos, debido a que, a criterio de la mayoría de sus miembros, debía ejecutarse de la manera como esta entidad lo hace. Esto es un asunto de criterio, que de pronto dio marcha atrás, y con ello mantiene detenida la tarea de rescate de la fachada oriente de la catedral. Debido a esto, en la ciudad colonial ha habido manifestaciones de rechazo a la medida y la obra se encuentra en riesgo de ser descontinuada.

La diferencia de criterio consiste en que el CNPAG cree que los acabados deben ser rústicos, mientras todas las demás instituciones y personas consideran que deben prevalecer los valores estéticos de todo edificio de este tipo. Sin embargo, la interpretación generalizada indica que todo se reduce a celos profesionales entre quienes ostentan el poder administrativo de la institución ante otros arquitectos mejor capacitados. Es decir que, debido a ello, las autoridades de la Universidad de San Carlos están obligadas a intervenir para poner orden.

El CNPAG, pese a sus grandes dificultades, ciertamente en ocasiones ha sido determinante para que algunas construcciones nuevas o alteraciones al conjunto histórico provoquen el rompimiento del equilibrio del paisaje urbano y con ello arriesguen la calidad de Patrimonio Mundial que le fue otorgada por la Unesco en 1979. Sin embargo, esta vez y a causa de actitudes que pueden ser consideradas caprichosas, está poniendo en riesgo no solo estos trabajos, sino la posibilidad de que sean realizados otros, para poder mantener el interés actual por las cualidades históricas de la ciudad.

El CNPAG está obligado a reconocer su error y rectificarlo de inmediato. Se enfrenta hoy al criterio unificado de personas e instituciones que apoyan el rescate de los monumentos, en este caso la Catedral. Esta tarea tiene consecuencias directas para el turismo, una de las más importantes fuentes de ingresos del país. Pero sobre todo debe ser realizada sin tomar en cuenta egos ni intereses ajenos a la meta común: conservar dignamente lo que fuera la tercera ciudad del continente.