El Aeropuerto Internacional La Aurora está otra vez en riesgo de retroceder en su calificación, debido a múltiples deficiencias y faltas a convenios internacionales, que de no cumplirse con al menos 177 requisitos podría pasar a ser de categoría dos, variación que tiene serias implicaciones económicas, pues de por medio podrían estar millonarias pérdidas y sobrecostos, por medidas que tendrían que tomar las aerolíneas que actualmente utilizan esa terminal como puerto de embarque y desembarque de miles de pasajeros.

El tema no es nuevo, pues durante los últimos dos gobiernos se ha sabido de esas advertencias y por lo menos la última ocasión en la que eso ocurrió fue en el primer trimestre de 2014, cuando una comisión de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) visitó el país para informar de las tareas pendientes.

A juzgar por lo denunciado ayer por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, prácticamente en la administración de Otto Pérez Molina nada importante se hizo e incluso ocurrieron hechos sospechosos como la construcción de hangares al final de la pista.

En los últimos gobiernos, las autoridades apenas se han dedicado a administrar la crisis y más bien, como sucedió con los defenestrados gobernantes patriotistas, sus intereses se centraban en otros objetivos perversos. De hecho, la propia remodelación en la gestión de Óscar Berger estuvo plagada de señalamientos, por la mala calidad de la obra y carencias que afloraron muy pronto.

Para nadie es un secreto que las condiciones del aeropuerto La Aurora siguen siendo deplorables, como lo experimentan viajeros nacionales y extranjeros en las salas de espera que tienen enormes ventiladores para aplacar el calor que allí se encierra, el sistema de iluminación es ineficiente, muchos de los baños fueron objeto de un temprano deterioro y los sistemas de información de vuelos no solo son inadecuados sino que rayan en la ridiculez, dado el tamaño y ubicación de los monitores.

Los anteriores podrían considerarse aspectos secundarios, al no representar peligro para la vida de los viajeros, aunque sí un lastre en la calidad del servicio que, de hecho, es cobrado. Sin embargo, también hay aspectos vitales, como el estado de la pista de aterrizaje, que debe ser bacheada con cierta frecuencia, porque tampoco recibe el mantenimiento adecuado, al igual que la pista de taxeo, la cual evidencia un acelerado desgaste sin que existan medidas planificadas para remozarlas.

La crisis económica por la cual atraviesa el Estado dificulta el desembolso de recursos para comenzar a solventar los requerimientos internacionales, comenzando con un seguro de Q36 millones que el país está obligado a contratar, algo que con las actuales penurias no será fácil solventar.

Algunos gobiernos con enfoque populista calificaron las obras aeroportuarias como proyectos que solo beneficiaban a la clase adinerada, algo absurdo en estos tiempos globales, en que miles de extranjeros llegan al país por trabajo y turismo, por no mencionar a cientos de miles de guatemaltecos que vienen cada año a visitar a sus familiares.