Si bien el Partido Patriota llevó a niveles de paroxismo la práctica de la corrupción, no fue la primera agrupación en afilar las garras de tal monstruo, ni la última. Entre las acciones que más han contribuido con la degradación del servicio público está la colocación de personas ineptas al frente de importantes instituciones o en la compra de bienes y servicios a amigos y patrocinadores.

Ese modelo pernicioso ha sido una práctica habitual en todas las administraciones, al punto de que demasiados cargos públicos quedan, en cada relevo de gobierno, en manos de gente incapaz, pero cercana a los gobernantes o a las “roscas” gubernamentales, que se encargan de colocarlos en puestos para los que se requiere idoneidad, preparación académica y especialización técnica.

El tema cobra de nuevo vigencia, primero ante la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, en donde murieron 40 jovencitas que debían encontrar allí refugio, y ahora en el reclusorio juvenil Etapa II, con el amotinamiento de pandilleros que dieron muerte a tres de los monitores responsables de su cuidado, en tanto varios reclusos se habrían fugado de ese lugar.

En ambos casos ha sido evidente la poca preparación de algunas de las autoridades responsables de esos centros, aunque el primero es el más patético, pues cuando se analiza lo ocurrido es notoria la ausencia de protocolos de reacción por parte de la cadena de autoridad.

La trágica lección no debe pasar a los archivos como tantas otras. Por el contrario, se plantea la necesidad de que los tres poderes del Estado impulsen una restructuración, formal y legal, del servicio civil, para actualizar los procedimientos y requerimientos curriculares para ocupar cargos muy sensibles, para que la delegación de tanta responsabilidad no recaiga en recomendados políticos, en allegados o incluso en personas que quizá tengan buena voluntad pero ningún conocimiento de procedimientos, implicaciones y directrices del sector público.

Mucho de eso le está ocurriendo al actual gobierno, que, al igual que otros precedentes, nunca contó con los cuadros suficientes para asumir el reto o que, en todo caso, procedió a otorgar plazas a colaboradores de la campaña o prospectos ligados al cobro de favores de diputados, patrocinadores y arrimados, lo que conduce a todo tipo de desastres administrativos, embrollos de corrupción y mediocres desempeños institucionales.

Lo más lamentable es que cada relevo gubernamental arrasa con perfiles de funcionarios de buena trayectoria que deben dejar sus cargos para que los ocupen los apadrinados, con lo cual se pierde un enorme potencial humano, un cúmulo de experiencias y se abre paso a grupúsculos de oscuras agendas.

Es imperativo que el Congreso de la República, que se mantiene entre lo timorato y lo prepotente de la bancada oficialista, deje ya de perder el tiempo en decretos inútiles y se ponga a trabajar seriamente en la aprobación de una Ley de Servicio Civil funcional, moderna y transparente, libre de compromisos sectarios, que permita un cambio de rumbo para el Estado.