La desigualdad es parte central de la agenda mundial de desarrollo.  Reducir la desigualdad es uno de los compromisos de todos los gobiernos del mundo, reflejado en el objetivo No. 10 de desarrollo sostenible, aprobado por el conjunto de miembros de las Naciones Unidas.  Este objetivo consiste en reducir la desigualdad dentro de los países y entre países.  Guatemala, con uno de los mayores grados de concentración del ingreso en el mundo, tiene, por consiguiente, un gran desafío por delante.

Parte de la importancia que ha ido adquiriendo la prioridad de reducir la desigualdad se está reflejando en que ya no se está midiendo la desigualdad solamente, sino también el grado de compromiso asumido por los gobiernos para reducirla. En el informe “El índice de compromiso con la reducción de la desigualdad”, de Development Finance International y Oxfam, se desarrolla un índice para medir el grado de compromiso de los gobiernos con el objetivo de reducir la desigualdad. Lamentablemente Guatemala no tiene un buen desempeño cuando se mide su compromiso para reducir la desigualdad. De un total de 150 países evaluados, Guatemala aparece en el lugar número 109.

¿Qué explica este desempeño tan deplorable, que coloca a Guatemala detrás de El Salvador y Honduras y de la mayor parte de países de América Latina? Lo explica el rezago nacional en relación al monto e impacto limitado del gasto en educación, salud y seguridad social, una política tributaria que no tiene un efecto redistributivo y, especialmente, políticas que no favorecen condiciones adecuadas de trabajo para todos aquellos que dependen de salarios.

Las tres áreas ameritan atención. El gasto público de Guatemala en educación primaria y secundaria, y en salud, podría tener un impacto favorable e importante sobre la distribución del ingreso, puesto que favorece a los más pobres. Puede mejorarse la calidad de los servicios prestados, pero lo que más incide en el impacto limitado del gasto social en Guatemala es su monto bajo, que implica coberturas de educación y salud limitadas. Significa que muchas familias tienen que recurrir a servicios privados de educación y salud, que deben cubrir con sus limitados ingresos. De manera que el escaso gasto público en educación y salud, además de su baja calidad, daña a los más pobres.

Lo mismo ocurre con los impuestos. El impuesto que más afecta a los hogares pobres es el IVA, el más importante de Guatemala. El impuesto sobre la renta, que en muchos países tiene un efecto redistributivo significativo, al cobrarle proporcionalmente más a aquellas personas que ganan más, tiene una capacidad redistributiva baja en nuestro país. Así que este instrumento de política económica tampoco tiene un efecto importante en reducir la desigualdad en Guatemala.

Pero lo más novedoso de este informe es el análisis de las políticas que afectan al mercado de trabajo. Es un análisis que apenas comienza y que tendrá que afinarse más, pero en el caso de Guatemala su conclusión es contundente: lo que más pesa en su limitado compromiso a favor de la equidad es la debilidad de las políticas referidas al mercado de trabajo. Las políticas de salario mínimo, la discriminación en contra de la mujer y el limitado respeto a los derechos laborales no son favorables: colocan a Guatemala en el lugar 124. Está entre los países con peores condiciones de trabajo en el mundo.

Es hora de retomar el tema de las condiciones de trabajo, que afectan a la gran mayoría de la población que depende de salarios, y que representan dos de cada tres guatemaltecos ocupados. Debemos incluir en la agenda de desarrollo nacional la reducción de la desigualdad, y como parte fundamental de ello corresponde generar empleo y mejorar las condiciones de trabajo de la gran mayoría de guatemaltecos.

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