El sábado se reunirán nuestros diputados para elegir su junta directiva, y de acuerdo con noticias de prensa, cuatro de ellos están interesados en ser electos presidente. Óscar Chinchilla, de Creo, buscará su reelección; Manuel Conde, del PAN, se perfila como el candidato oficialista y de acuerdo con sondeos tiene la mayoría de intenciones, pero sin llegar al mágico número; Boris España, quien fue electo por el Partido Patriota, luego fue parte del Movimiento Reformador —brazo político de Alejandro Sinibaldi— y ahora es independiente, pretende perfilarse; y por último, Julio Ixcamey, de la UNE, quien fue presidente de aquella comisión que recomendó quitar la inmunidad al presidente, pero se cuidó de quedar bien con Dios y con el diablo al señalar en ese mismo informe que existían motivaciones políticas y espurias, busca también su oportunidad.

La bancada oficial pretendía llevar a Javier Hernández a la presidencia, por lo menos así lo demostraron en noviembre, pero la intención se frustró solita; eso sí, Felipe Alejos, de Todos, siempre aparece como vice en cualquier proyecto que huela a oficialismo.

Ayer, en el programa de Primera Hora en Emisoras Unidas, Carlos Fion, diputado de Creo, señalaba “el Congreso se juega su supervivencia con la elección de la junta directiva” y pocas veces podemos estar tan de acuerdo con este representante.

Por mucho que se quiera ver el lado bueno de las cosas, aunque nos tomemos todas las dosis de positivismo existentes en el mercado, este período legislativo pasará a la historia como aquel que con tal de aprobar reformas al Código Penal para eliminar el fantasma del “financiamiento ilícito” a las campañas, no le importó aprobar un precepto que modificaba la conmuta de penas de forma tan poco técnica y jurídica, que si hubiera sido puesto en vigencia cientos de ladrones podían haber salido a la calle (la irresponsabilidad afectaba más de 400 delitos).

El país necesita un nuevo Código Penal y ya un proyecto serio sobre la mesa, de esto no hay duda y tampoco dudamos de que el delito de financiamiento ilícito en la redacción actual no es claro; sin embargo, la solución tomada por 107 diputados fue horrorosa, caprichosa y motivada por intereses personales.

La aprobación de la reforma al Código Penal logró una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de rechazo y también una de las güizachadas más notables. Luego de haber aprobado de urgencia nacional y con mayoría calificada el decreto debía remitirse al Presidente para su sanción o veto, pero el propio Congreso lo dejó sin efecto. Los guatemaltecos iniciamos una nueva etapa de formación de la ley que puede ser bautizada como “el autoveto”. Ojalá algún maestro de Derecho Constitucional lo pueda explicar con claridad y así salimos del asombro y duda.

En paralelo la Corte de Constitucionalidad se vio obligada a otorgar un amparo, porque la vigencia de la norma representaba uno de los mayores peligros sociales que se han creado con la institucionalidad democrática, una decisión acertada y prudente.

De los cuatro diputados que quieren ser presidentes, dos votaron a favor de los decretos, Conde e Ixcamey; España no votó por no estar en el edificio y Chinchilla votó en contra, pero aunque se haya opuesto, haber presidido esta legislatura es una sombra muy pesada.

Ninguno de los cuatro candidatos garantiza que el abuso cometido no se repita, es evidente que la clase política no entiende lo mínimo que se espera de ella y pretenden agotar la institucionalidad hasta una crisis difícil de atajar. La lógica hubiera sido evidenciar una disculpa por la monstruosidad y tratar de fortalecer al Organismo Legislativo, lo cual está muy lejos de suceder.