Pasé unos días en Guatemala, donde tuve la oportunidad de reencontrar muchas amistades que se forjaron cuando fui embajador de Venezuela en ese país, entre 1990 y 1997. Entre otros, pude departir en una muy grata cena con el amigo y actual presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, insigne jurista, magistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad. Maldonado fue electo vicepresidente por el Congreso hace unos meses, cuando la anterior vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue privada de su inmunidad y obligada a renunciar al ser acusada de corrupción por el Ministerio Público. Más recientemente, Maldonado se convirtió en jefe del Estado cuando el presidente y general Otto Pérez Molina tuvo que renunciar, al ser también enjuiciado por corrupción. Actualmente, tanto Baldetti como Pérez Molina están en la cárcel.

La salida de Pérez Molina y Baldetti pudo producirse porque en Guatemala existe una verdadera separación de poderes. La presión de la opinión pública, que se concretó en la acción de una prensa independiente, de las oenegés, de las redes sociales y en meses de pacíficas manifestaciones, no reprimidas por el gobierno, se combinó con la fundamental actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La Comisión es una interesante y peculiar institución que se creó en el 2006, con un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, ratificado por el Congreso. Se trata de un órgano independiente, financiado y organizado por la comunidad internacional a través de la ONU. La Comisión investiga y promueve la acción penal a través del sistema de justicia nacional. Su acción ha fortalecido al Poder Judicial y, en particular, a la Fiscalía General. En la actualidad, la Cicig está presidida por el exmagistrado colombiano Iván Velázquez, cuya positiva actuación ha sido ampliamente reconocida. En Honduras hay un fuerte movimiento en la opinión pública que reclama la instalación de una comisión internacional similar, y hasta en México hay voces que solicitan estudiar la posibilidad de su creación. Recuerdo que hace años un juez guatemalteco me informó que el narcotráfico le había puesto frente al siguiente dilema: aceptar un millón de dólares en su cuenta o le mataban a su hija. Renunció y se trasladó a Australia, cambiando de identidad, bajo protección de la DEA. Me temo que son escasas las reacciones de este tipo. En efecto, en los Estados llamados “blandos”, cuya institucionalidad es débil, enfrentados a la acción de la criminalidad organizada, particularmente de las mafias del narcotráfico, que penetran y corrompen las policías y el sistema judicial en general, el apoyo de la comunidad internacional a través de instituciones como la Cicig puede ser necesario. A Centroamérica se han trasladado buena parte de los centros de comando del narcotráfico, fuertemente presionado en México a partir de la “guerra” iniciada por el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, el inmenso poder del narcotráfico es un problema general en América Latina, que solo podrá ser resuelto a través de una acción internacional coordinada.

@sadiocaracas