El 10 de mayo de 2013, el general golpista y ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad; crímenes cometidos contra 1,771 personas civiles y desarmadas del Pueblo Maya Ixil desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, período en que se intensificó la Política de Tierra Arrasada. Las violaciones a los derechos humanos alcanzaron niveles deshumanizantes.

Diez días después de la condena, el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Vale aclarar que el dictamen de la CC no fue unánime, tres magistrados serviles votaron a favor de la anulación de la condena, a excepción de la magistrada Gloria Porras y el magistrado Mauro Chacón, quienes apoyaron la sentencia ya emitida.

Desde entonces una serie de tácticas dilatorias empezaron a utilizar sus abogados defensores y su hija Zury Ríos Sosa, porque de pronto el general retirado empezó a padecer problemas cardiovasculares y hernias en la columna. Por aparte, juezas y jueces se excusaban de conocer el caso, hasta que se fijó que el juicio se reiniciaría el 5 de enero de 2015 a cargo del Tribunal B de Mayor Riesgo.

El 5 de enero del presente año, Ríos Montt no se presentó a la audiencia, sus abogados presentaron una certificación médica, justificando que ir a los tribunales podría perjudicar su “delicada salud”. Por orden de la jueza presidenta se vio obligado a acudir a los tribunales de justicia, lo hizo en camilla y con lentes oscuros, así permaneció y no dijo ni una palabra.

Por aparte, los abogados recusaron a la jueza, Jeaneth Valdez, argumentaron que ella había emitido opinión sobre el genocidio en su tesis de maestría en 2004, y entonces, las juezas Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos validaron criterios inconsistentes de la defensa de Ríos Montt. Así el juicio no se reanudó.

Entre los escándalos de corrupción desatados desde el 25 de abril, se anunció por enésima vez la reapertura del juicio, calendarizada para el 23 de julio.

Pero evidentemente las instituciones del Estado están corrompidas por poderes fácticos que desangran a Guatemala; esta vez, intervino el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien supuestamente evaluó el estado de salud física y mental del general retirado José Efraín Ríos Montt y dictaminó que aparentemente padece demencia senil, exponen que “no está en capacidad mental para afrontar un proceso legal en su contra y tampoco se le considera competente para asistir a audiencias judiciales”.

En Latinoamérica esta práctica maliciosa no es nueva, se usó en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, el sistema de in(justicia) chileno suspendió el proceso en su contra, supuestamente por demencia senil.

En Guatemala, el sistema de justicia se sigue negando a investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

A pesar de estos obstáculos, la esperanza de las y los sobrevivientes Maya Ixil está en la justicia y el resarcimiento integral.