Siempre he visto el actual gobierno como uno de transición, en el sentido de no esperar de él más que logren el restablecimiento del funcionamiento básico de la institucionalidad pública que fuera devastada luego del Huracán Patriotero 2012-2016. Conste que mi expectativa de lo que se puede lograr en estos cuatro años no entraña para nada un dejo despectivo: es producto, más bien, de la plena conciencia y conocimiento del nivel de disfuncionalidad, corrupción y daño que encontraron —y persiste— en todas las instancias de la administración pública. Por eso nunca entendí por qué les costó tanto armar un documento de plan de gobierno: bastaba con que tuvieran eso claro, que debían enfocarse en restablecer esa funcionalidad básica para ya dejarle un legado útil a la sociedad.

Alrededor de restablecer el funcionamiento del Organismo Ejecutivo había que haberse planteado objetivos, resultados y metas muy pragmáticas para estos cuatro años; con eso hubiera sido suficiente. La cosa está muy cuesta arriba. Sin embargo, insistieron en metas de impacto —como la necedad de que pueden reducir la desnutrición crónica de la niñez en 10 puntos— que son absolutamente absurdas (ya lo eran hace cuatro años), dadas las circunstancias. ¿Con qué Ministerio de Agricultura? ¿Con qué Ministerio de Salud? ¿Si a este primero hay que sacarlo del fogarón para que pueda al menos volver a vacunar niños y niñas, medirlos y pesarlos?

No sorprende que los resultados a la fecha han dejado mucho que desear, tal como mostrara hace un par de semanas un primer ejercicio de monitoreo externo del gasto público, que presentara el diputado Álvaro Velásquez, de la Bancada Convergencia. Las metas propuestas en el documento de gobierno, trasladadas luego como política general, carecen de sentido de realidad; no toman en cuenta el nivel de devastación y parálisis existente dentro de las instancias del Organismo Ejecutivo.

Mucho asunto se le ha puesto a la falta de recursos del Estado, pero muy poco a lo que, a mi criterio, constituye el otro valladar para entregar bienes y servicios que sirvan a la población: el debilitamiento profundo y la gran disfuncionalidad del sistema de gestión pública. Por este me refiero al conjunto de sistemas, protocolos, procesos y procedimientos, que han de traducirse en una gama inmensa de actividades y tareas ejecutadas por el personal contratado, donde se emplean los bienes e insumos que el Estado compra, y que tienen como finalidad convertir el trabajo del funcionariado público en servicios y bienes que recibe la población.

Creo que no hay suficiente comprensión todavía de la importancia que tiene. No sorprende: nos metieron en la cabeza todos estos años que “el dinero todo lo puede”. La evidencia muestra que no es así. Los bienes y servicios no se producen porque un tatascán giró una instrucción.

Muchos se sorprenden porque ahora que hay dinero, de todas maneras no hay medicamentos en los servicios del MSPAS o del IGSS, o que no haya refacciones en las escuelas. ¡Puro infierno guatemalteco! ¿Cómo van a haber, si todavía la ley, reglamento y procedimientos que deberían servir para ejecutar los fondos que la SAT ha logrado recaudar y/o recuperar, no terminan de encajar entre sí, para que fluyan los procesos en las unidades ejecutoras? ¿Si la gente sigue todavía con temor de irse presa si firma un acta de adjudicación?

Van siete meses y medio, y no he escuchado una sola vez cómo el gobierno afrontará esta situación. Sin dar prioridad al sistema de gestión pública, al menos a reparar los sistemas y procesos más fundamentales, nada de lo que hagan será sostenible.

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