No han transcurrido ni 40 días del nuevo año, pero la seguidilla de sucesos de impacto político y judicial permiten atisbar que este período podría ser el preludio de un tiempo crucial para la depuración de los tres poderes del Estado. Es impostergable el rescate de la institucionalidad y el surgimiento de una nueva representatividad política sobre la cual prevalezca el interés de la mayoría y no de unos cuantos, a fin de hacer causa común en repudiar toda perversión en la administración pública.

No es una tarea fácil, como puede deducirse de las batallas que se han librado a partir del 27 de agosto de 2015, cuando una multitudinaria manifestación ciudadana exigió la salida del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien sigue sujeto a proceso y cuyo partido de gobierno quedó legalmente extinguido sin que nadie se atreviera a plantear objeción alguna a causa de la oscura huella que dejó en el sistema político.

La limpieza continúa y no es una tarea fácil, pues la inercia de tantos años de impunidad aún amenaza la integridad de los procesos. No obstante son varios los casos en los cuales se vislumbran logros, entre ellos la denuncia planteada, el 11 de enero pasado, por el MP y la Cicig, para retirarle el derecho de antejuicio al magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, señalado de varios delitos y de haber influido en la postulación de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia a cambio de recibir, según la Fiscalía, un apartamento en la zona 14.

Ese mismo día, fiscales del MP allanaron las oficinas de Roberto López Villatoro, señalado de haberle entregado como dádiva el apartamento a Orellana Donis, con el fin de tener incidencia en la selección de candidatos a una Corte Suprema de Justicia que sería electa mediante un contubernio entre los extintos partidos Patriota y Líder.

El 18 de enero, la jueza Silvia de León enviaba a prisión a Samuel Morales Cabrera y a José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República, luego de ligarlos a proceso por fraude cometido en el Registro General de la Propiedad.

El 19 de enero, la Corte Suprema de Justicia determinó por unanimidad que los señalamientos de tráfico de influencias formulados por el MP y la Cicig contra la magistrada Blanca Stalling eran muy serios y procedía darle trámite a la solicitud para retirarle la inmunidad, el cual continuó en el Congreso, donde el pasado jueves, con 119 votos a favor, se procedió a cumplir el procedimiento que deja a la sindicada a disposición de la justicia.

El cuadro se complementa con la solicitud de retirarle el antejuicio al diputado de FCN-Nación y exliderista Julio Juárez Ramírez, a quien la Fiscalía sindica de ser el autor intelectual de la muerte de dos periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez.

Hechos preocupantes, pero que permiten albergar la esperanza de que la batalla contra la corrupción iniciada en 2015 todavía tiene un largo trecho por recorrer, pues lo visto hasta ahora ha puesto en evidencia a varios funcionarios de gobiernos recientes, aunque los abusos a la sombra del poder alcanzan a otras administraciones.