¡Si hay una sociedad que necesita tener un ministerio de Desarrollo Social es Guatemala! Los abrumadores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación y racismo que vive la mayor parte de la población superan con creces lo que ocurre en la mayoría de países centroamericanos. Un Ministerio de Desarrollo Social debería ser un asunto más que obligado, pero, para que cumpla su cometido, tiene que ser bien hecho, lo cual no ha sido el caso, con su creación y puesta en marcha.

Hay varios problemas de origen que enfrentar y superar si es que todavía se espera que algo bueno llegue a ocurrir con esta entidad. Hay que recordar que la motivación para darle vida no fue una decisión de Estado que finalmente reconociera que debía dar prioridad al desarrollo de las personas y a la reducción de las asimetrías de oportunidades entre ciudadanos. El Mides fue gestado a partir de la rivalidad entre la UNE y el Partido Patriota, donde el segundo buscó arrebatar el capital político que le había generado Mi Familia Progresa a la entonces primera dama —quien posteriormente intentó ser candidata presidencial—. De hecho, la iniciativa de ley para crear el Mides fue una de las primeras acciones de ese gobierno, creándose el Ministerio el 25 de enero del 2012, apenas 10 días después de la toma de posesión.

Basta revisar el decreto para darse cuenta de que no se tomaron mucha molestia previa para mejorar el diseño institucional inicial del Ministerio, mucho menos para establecer si esa ley específica entraba en conflicto o no con la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, o si le daba al Mides el rango institucional que necesitaba para poder coordinar efectivamente a los distintos ministerios y secretarías que tienen que ver con el desarrollo social. Al Mides le pasa lo que a Sesán, que tiene un mandato de coordinación pero carece de la competencia legal —no digamos de la fuerza política— para direccionar el actuar de los múltiples ministerios y secretarías que tienen que ver con el tema.

Pasaron el decreto del Mides a rajatabla, cuando aún estaban en la euforia de la toma de posesión. De allí que quedara, simplemente, como un ministerio para administrar y ejecutar los “programas sociales” que se heredaban del gobierno previo, sin nunca ponerse a considerar que su auténtica finalidad era el desarrollo social y que esta es una concepción muchísimo más amplia que la filantropía o el asistencialismo. Por ende, institucionalizar programas sociales no podía ser su único cometido. Súmele a ello la corrupción y la politiquería clientelar que domina en el medio.

Ahora que renunció el ministro Moreno debería ser el momento oportuno para plantearse qué hacer con este ministerio. No creo que esta administración lo haga. Sin embargo, esta es una de esas muchas instancias del Organismo Ejecutivo que hay que repensar a la luz de un replanteamiento integral de su finalidad dentro del Organismo Ejecutivo, y del papel de la política social como instrumento de desarrollo, complementario a una economía incluyente, no como un ministerio de caridad mal hecha.

Siendo el desarrollo social el resultado de múltiples esfuerzos sectoriales, un Mides debería concebirse en primera instancia, como un ministerio de coordinación, figura que no existe actualmente en la Ley del Ejecutivo, pero que se hace necesaria para darle las capacidades reales y legales para liderar y armonizar las políticas sectoriales. Seguir en la tónica de mantener programas sociales que han perdido su propósito inicial de reducir barreras de acceso a los servicios públicos —que también se han deteriorado o desaparecido— no tiene ningún sentido.