Este año los guatemaltecos enfrentamos muchos retos; sin embargo, creo que debemos enfocarnos en aquellas acciones y decisiones más significativas en el largo plazo. Desde esa perspectiva, considero que el objetivo más importante en la “cosa pública” este año debe ser realizar los cambios necesarios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para abrir la posibilidad de participación política a más ciudadanos y acercar a los ciudadanos las decisiones de políticas públicas. O lo que es lo mismo, que podamos votar directamente por los diputados y que cualquiera se pueda postular de manera fácil.

Aunque este objetivo pueda parecer a algunos menos importante o menos apremiante que otros retos que nos depara este año, yo estoy convencido de que nada es más importante —en el largo plazo— que la posibilidad de un mejor nivel en el Congreso. Hay que entender que no se puede cambiar el sistema para bien si no mejora la conformación del Congreso y no se incrementa considerablemente la responsabilidad de los representantes ante la ciudadanía.

Es evidente que hay muchos fuegos que apagar en el gobierno guatemalteco, en el Ejecutivo, en el Judicial, en la Corte de Constitucionalidad, en el Ministerio Público, en la Contraloría de Cuentas, en el Tribunal Supremo Electoral, en las municipalidades y en casi cualquier otra entidad del Gobierno que se nos ocurra, pero es precisamente por lo mismo que debemos enfocarnos en lo más importante, y ese es el Congreso. Si no me cree, considere que la mayor parte de procesos de elección de funcionarios pasa en alguna medida por el Congreso, la creación y —más importante— la eliminación de legislación también, y otro tema que la mayoría olvida —especialmente los congresistas— es que una de las principales obligaciones del Legislativo es la fiscalización de las demás instituciones del Gobierno.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que una de las principales razones de por qué está el Gobierno y todas sus instituciones en el lamentable estado actual, es porque desde hace mucho tiempo hemos tenido —con muy contadas excepciones— congresistas corruptos e ineptos que no han cumplido con su trabajo. Y eso lo intuye la gente al grado de llegar en muchos casos a exigir que se cambie a los diputados. El problema es que de nada sirve cambiar a los diputados con la legislación actual, porque solo cambiarían las caras y los nombres, pero seguiríamos obteniendo la misma bazofia de resultado. Así que, si en algo debemos ocuparnos este año es en presionar a los congresistas para que realicen las modificaciones más importantes a la LEPP.

No hay que perderse en las ramas, hay que ir a la raíz. En este caso, lo que debe cambiarse es la forma de elección para diputados a manera de que la votación sea directa y sepamos a ciencia cierta quién nos representa en el Congreso, lo que traerá como corolario que también habrá más posibilidades de exigirle cuentas sobre sus decisiones. Y el otro punto crucial es que se abra el sistema para que sea más fácil que cualquiera pueda participar, en particular, como candidato al Congreso. Aquí lo ideal es que cualquiera se pueda postular, aun individualmente, sino por lo menos a través de un comité cívico.

¿Garantizan esos cambios el que vamos a tener mejores diputados? No, pero por lo menos abre la posibilidad para que podamos mejorar. ¿Es un camino demasiado lento? Probablemente, pero hay que recordar que Roma no se construyó en un día y que el atolladero actual no es el resultado de las decisiones de un par de años, sino de muchos años de desaciertos y rapiña. Este apenas es el punto de partida necesario para mejorar.