Hablar de democracia en Guatemala es referirse a un modelo atrofiado o cooptado, por lo que sería más correcto hablar de un sistema electorero, en el cual, como bien diría Ambrose Bierce, millones de personas acuden a las urnas a votar por alguien a quien otros ya eligieron.

En otros términos lo expresó hace más de un año el jefe antimafia de Naciones Unidas en Guatemala, Iván Velásquez, cuando afirmó que el financiamiento electoral ilícito era el pecado original de la democracia guatemalteca, de lo cual pueden encontrarse abundantes evidencias al hacer una revisión del funcionamiento de las maquinarias electoreras de las últimas elecciones del país.

Ese es uno de los más tristes y oscuros capítulos de nuestro endeble modelo, y basta con pasar revista al lugar de residencia, antes, durante o después, de los candidatos favoritos o ganadores de esos comicios para comprender el alcance de la perversión, con inversiones o aportes a los candidatos triunfadores que ni siquiera aparecen en los registros de los partidos.

Efectivamente, muchos de los aportes materiales y dinerarios no reportados caen en la categoría del financiamiento electoral ilícito, el cual ha avanzado como un cáncer que carcome una incipiente democracia, cuyo modelo difícilmente mejorará si no se fortalece la fiscalización y la rendición de cuentas de todos los involucrados.

Ese oscuro manejo de recursos o falta de registro es lo que tiene hoy a las puertas de encarar a la justicia al presidente Jimmy Morales y al alcalde Álvaro Arzú, quienes enfrentan cargos por financiamiento electoral ilícito en la última campaña electoral, y el tema ha vuelto al escenario público nacional porque ayer el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, firmó un convenio con el Tribunal Supremo Electoral mediante el cual se busca respaldar su labor fiscalizadora.

Al respecto, el diplomático afirmó: “Se debe eliminar el financiamiento ilícito que tanto daño le causa a Guatemala”, lo que ratifican las evidencias de los últimos procesos electorales, pero que ahora se busca minimizar más con las herramientas que le permiten al TSE los cambios introducidos en la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En esencia, el convenio suscrito ayer debe ser visto como un fuerte respaldo a la labor de fiscalización de las actuales autoridades y sobre todo porque está claro que el financiamiento ilícito a los políticos ya no debería ser el gran protagonista del evento electoral programado para el próximo año. Ahora, con las herramientas que aporta la nueva normativa se puede hacer mucho, aunque para ello se requiere un poco más de carácter de las autoridades.

Ciertamente se debe cerrar la puerta a cualquier posibilidad de financiamiento irregular, porque ese será el primer paso en la depuración del modelo clientelar y patrimonialista, que suficientes ejemplos de su inviabilidad han dado en los últimos procesos electorales.

Los casos Lavado y Política y Cooptación del Estado debieran ser suficientes para evidenciar un modelo inaceptable que tiene en la cárcel o huyendo de la justicia a un número incomprensible de políticos y algunos empresarios que han lucrado con ese modelo.