Contra los pronósticos pesimistas de algunos expertos, la Corte Suprema de Justicia, esta vez, paró en seco los intentos de defenestrar a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han tenido el coraje de imponer los términos de la ley, contra determinados actos cometidos por funcionarios.

En efecto, los magistrados de la Corte al detener el antejuicio contra los magistrados de lo constitucional han puesto en evidencia su respeto por los preceptos de la Constitución Política de la República y los de las leyes comunes.

Y de continuar así, el país entrará a una etapa saludable en la que la independencia del Organismo Judicial sea garantía tanto para gobernantes como para gobernados.

El papel del juez tiene en Guatemala una importancia de grandes dimensiones, habida cuenta de que, como se ha demostrado a lo largo de los pasados cincuenta años, una cuota grande de delincuencia se encuentra en las dependencias del poder público; consideraciones que no son fruto de hoy, por el descubrimiento de enormes montañas de corrupción, en períodos anteriores, que han originado procesos penales contra detentadores de la función pública, sino que tienen una raigambre añeja extendida por todo el cuerpo de la Administración y de otros poderes.

En el 2005, la Revista Jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Rafael Landívar, en su número X, bajo la firma del abogado Álvaro Velásquez, publicó un artículo según el cual “la corrupción en la gestión pública ha sido un mal endémico en Guatemala, que tiene su origen en la idea de que el Estado (la cosa pública) es un botín político o un camino fácil para dejar de pobre”.

Y añade el citado autor: “Implantado como problema estructural por los gobiernos contrainsurgentes desde 1960, se la usó profusamente para comprar y mantener lealtades, así como para premiar a oficiales de alto rango que se destacaban en la guerra, siendo así que a la fecha se mantiene como uno de los principales problemas que afectan la credibilidad de la política, de los políticos, del funcionariado público y, por ende, de la gobernabilidad”.

Cuando apareció ese artículo, gobernaba Guatemala el abogado Óscar Rafael Berger Perdomo; pero el licenciado Velásquez no se refería solo a ese Gobierno, sino al funcionariado de Gobiernos anteriores, a contar de 50 años atrás.

Y hoy en día el problema de la corrupción es el mismo. La guerra contra la administración de justicia por dar cabida a innumerables procesos penales que afectan a funcionarios y exfuncionarios, diputados y exdiputados, exmagistrados, empleados públicos y policías, tiene por causa común hechos que el Ministerio Público califica como actos de corrupción. A tal punto que hace dos días, un exsecretario de Estado (Canciller) de los Estados Unidos declaró que el ataque a fondo “contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) constituye un desastre para el Estado de Derecho en Guatemala”.

Lo mismo se puede decir de la guerra sin cuartel que es librada contra la Corte de Constitucionalidad por la protección que brinda, amparada en la ley, a la Cicig; contra el Procurador de los Derechos Humanos y contra el Ministerio Público.

Afortunadamente, los magistrados de la Corte Suprema hoy se han colocado al lado de la Corte de Constitucionalidad, que es hacer honor a la justicia y a la Constitución.
Y no hay que perder la esperanza en que siempre habrá diputados, ministros de Estado, jueces y magistrados, decididos a luchar por un Estado Constitucional de Derecho.