Ningún centro de atención del sector público puede denegar atención médica, ni siquiera a quienes han perdido su libertad por un delito cometido, o que se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, el respeto a ese derecho no significa que la vida de otros ciudadanos ni la del personal médico, paramédico y de servicios de apoyo tenga que ponerse en riesgo de muerte, como pasó la semana pasada en el Hospital Roosevelt.

Si queremos salir de esta cultura, que solo exige lavar sangre con sangre, además de dar a los jóvenes las condiciones y oportunidades para convertirse en algo más que sicarios, deberíamos ver también qué puede hacer un sistema público de salud tan precario como el nuestro. Algunos elementos identificados en experiencias de otros países de Latinoamérica pueden servir para comenzar a enfrentar esta situación de manera más constructiva y en un relativo corto plazo. Algunos temas clave: 1. Clarificar las competencias de Mingob, MSPAS e Inacif y desarrollar un marco conjunto de intervención que se le explique al sistema de justicia: Si bien la población penitenciaria es responsabilidad del Mingob, y el Inacif tiene un papel en el proceso, es el MSPAS, por su calidad de ente rector, quien debe definir la política de salud para la población carcelaria y las maneras de implementarla correctamente y con seguridad para el personal sanitario. El hecho de ser población bajo custodia del Mingob no le exime de esa responsabilidad. En otras palabras, si no trabajan juntas las tres entidades, no iremos para ningún lado.

2. Todos los centros carcelarios deben contar con unidades de atención primaria en salud y de atención de urgencias médicas; esto no implica necesariamente construir una infraestructura onerosa, pero sí habilitar algunos espacios y que Mingob asegure su adecuada dotación y funcionalidad según los estándares mínimos provistos por MSPAS. 3. MSPAS debe aplicar el mismo enfoque preventivo y de atención primaria en salud que se predica con vehemencia para el área rural, con estrategias que respondan a la epidemiología propia de la población carcelaria. Elementos esenciales son: servicios de promoción de salud y prevención temprana de enfermedades; consulta médica general; servicios básicos diagnósticos y de apoyo; y cierta capacidad para efectuar procedimientos quirúrgicos menores. Esto no se puede lograr sin una política clara y explícita y un plan para implementar el enfoque de Atención Primaria en Salud en los centros carcelarios. No es un tema que necesite enormes cantidades de dinero, pero sí exige visión estratégica, voluntad y capacidad de articular instancias con mandatos complejos. Lamentablemente, no son cualidades que se distingan en esta administración.

Añado un quinto elemento: La Telemedicina y/o la movilización periódica de equipos médicos y de diagnóstico a los reclusorios pueden ofrecer una alternativa de relativo bajo costo y mayor facilidad de implementación, al menos mientras se crea la infraestructura y condiciones apropiadas en las cárceles. La experiencia de Guatemala en el marco del extinto Programa de Extensión de Cobertura, puede ser aprovechada para diseñar un esquema de atención ambulatoria de salud que llegue a los presos, en lugar de ellos ir a donde está el doctor. Así, se evitaría que la mayoría se tenga que desplazar para ser atendidos. Los casos que ameriten de hospitalización seguirán siendo un desafío, pero no se diluirán como ahora, en medio de una demanda sin fin de traslados desde los penales para temas menores, que se usan más bien como excusa para la huida y detonan tragedias como la recién vivida en el Roosevelt.