Guatemala ha llegado a un punto de inflexión. Estamos viviendo una tenaz lucha entre un viejo modelo económico-político cuyas bases se sustentaron en la corrupción, la impunidad y la cooptación del Estado; modelo perverso y criminal que se resiste a morir. Como contraparte, se está impulsando un modelo distinto, cuyo núcleo radica en la instauración de un verdadero estado de derecho y una serie de normas efectivas y transparentes para una mejor organización y participación política. A estos dos últimos fenómenos se suma la imprescindible organización ciudadana para exigir transparencia y eficiencia a toda persona que alcance un puesto público. Por tanto, podemos concluir que el combate a la corrupción, la impunidad y la cooptación del Estado no implica solamente la instauración de procesos legales, implica obligadamente recurrir a una sólida alianza ciudadana comprometida a luchar por sus derechos y a cumplir con sus obligaciones.

Una muestra de lo anteriormente expuesto es el surgimiento del Frente Ciudadano contra la Corrupción en Guatemala. En la dinámica de la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsadas por Cicig y el MP, las circunstancias demostraron que las raíces del crimen organizado eran mucho más extensas de lo imaginado, por eso mismo se hace urgente y necesario que la sociedad civil asuma un protagonismo mucho más comprometido. La constitución de ese frente implicó la articulación de diversos representantes sectoriales tradicionalmente no vinculados. El eje transversal que les cruza a todos es fijar un compromiso ineludible orientado a erradicar toda práctica ilegal. Es importante hacer referencia a la presencia en ese frente del empresario Dionisio Gutiérrez, particularmente por dos aspectos fundamentales: la polémica que despierta su vida política y empresarial y por la alta influencia que está generando al interior de esa nueva institución social.

Varios analistas políticos han expresado que Dionisio Gutiérrez se perfila como el articulador directo de una respuesta sectorial y empresarial en contra del actual alcalde municipal, Álvaro Arzú, quien se ha declarado abiertamente como enemigo de la fiscal Thelma Aldana y del comisionado Iván Velásquez. Las contradicciones entre ambos —Arzú y Gutiérrez— provienen desde los años noventa, fundamentalmente cuando Guatemala se somete al programa de ajuste estructural y con este a la irreversible privatización de los bienes públicos. Arzú siendo presidente privatiza importantes empresas estatales, favoreciendo a un sector del empresariado nacional del cual él era, sin duda alguna, miembro y partícipe. Para nadie es un secreto que Arzú, además de político, aprovechó las palancas del poder hasta convertirse en un acaudalado empresario.

Pragmáticamente interpretado y en ese contexto, la presencia de Dionisio Gutiérrez perfila un balance entre actores contrapuestos que en suma favorece el compromiso nacional en contra de la corrupción y la impunidad. Ambos —Arzú y Gutiérrez— representan el poder económico en Guatemala, el primero con probadas redes de influencia en los organismos del Estado, el segundo irrumpe decidido a sumarse a la lucha global en contra de la corrupción. Hay al respecto percepciones diferentes. Pero en mi caso, me sujeto a aquella máxima de Mao Tse-tung que expresa: “No importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones”. Y si Dionisio Gutiérrez fija una posición honesta y favorable al surgimiento de un nuevo orden económico y político en Guatemala, eso suma en beneficio de los intereses nacionales.

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