El presidente Jimmy Morales tiene ahora la última palabra sobre el futuro de la Fiscalía General. La Comisión de Postulación entregó ayer la lista de los seis candidatos a dirigir esa institución, en un proceso que satisfizo las expectativas de la mayoría de sectores del país, ya que ninguno de los seleccionados tiene tachas en su contra. Este hecho es gratificante porque minimizó la incidencia de grupos de presión que antes actuaban en forma descarada, como la mafia que dirigía Roberto López Villatoro, quien era la cara visible de grupos oscuros que buscaban imponer magistrados y fiscales proclives a sus intereses. La captura en febrero pasado del Rey del Tenis, como se conoce a ese abogado, permitió despejar el camino para una mejor selección de aspirantes a la fiscalía, lo cual no significa necesariamente que ya no tengan influencia en el sector justicia. Al contrario, las mafias están ahí en espera del momento oportuno para dar zarpazos.

El mandatario tiene la posibilidad de reivindicarse en la elección del futuro Fiscal General y hacer a un lado sus intereses personales, algo difícil pero no imposible. No se puede obviar que en esa escogencia puede pesar que su hijo y su hermano fueron señalados de fraude por la fiscalía dirigida por Thelma Aldana y que por esa razón fueron enviados a juicio. Tampoco se puede ocultar que el MP pidió que le retiraran la inmunidad al presidente por el delito de financiamiento electoral ilícito cuando fue secretario general del partido FCN-Nación. Es claro que hay conflicto de intereses, tan así que el gobernante está distanciado de la fiscal general y del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, por tal situación y lo ha acercado a sectores proclives a la impunidad, como el alcalde Álvaro Arzú. También es innegable que el gobernante está sujeto a muchas presiones para torcer el rumbo del MP trazado por Aldana, pero está a tiempo de restaurar su imagen y credibilidad eligiendo, con sabiduría, a una persona idónea para que dirija la Fiscalía General.

La mayoría de seleccionados tiene un historial sobresaliente que permite confiar en que garantizará la lucha contra la corrupción y la impunidad. A más de alguno se le puede escarbar algún punto negativo en el pasado, pero en lo personal prefiero darles el beneficio de la duda a los seis candidatos. Recuerdo que cuando fue seleccionada Aldana por el entonces presidente Otto Pérez Molina se consideró que llegaba al Ministerio Público para favorecer a la camarilla del Partido Patriota. Sin embargo, Aldana demostró independencia a toda prueba para encausar al Ministerio Público en la mejor gestión que haya tenido esa institución, de la mano del jefe de la Cicig.

La nueva o nuevo fiscal tendrá frente a sí un panorama difícil. Existe un ambiente hostil proveniente de sectores proimpunidad, desde el Congreso hasta grupos de extrema derecha, que buscan a toda costa que retroceda la lucha contra la corrupción. Esos sectores son los que ejercen presiones en los organismos Ejecutivo y Judicial para poner obstáculos a la labor del MP y la Cicig. Basta ver cómo lograron que el presidente Morales removiera al anterior ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para colocar en su lugar a Enrique Degenhart, quien en poco tiempo ha demostrado que sus objetivos distan mucho de favorecer la lucha contra la impunidad. Esos mismos sectores habrían logrado que la Cámara Penal obligue a los jueces a subir las órdenes de captura a un sistema informático compartido con la PNC, lo que ha generado fuga de información que afecta la lucha contra la corrupción. Es claro, pues, que la persona que dirija la Fiscalía General, a partir del 17 de mayo, tendrá que hacer frente a esos y otros desafíos que pondrán a prueba su independencia.

@hshetemul