Pocas instancias del Estado han funcionado con transparencia y eficiencia, pero hay una en especial que ha sido única en su estructura, naturaleza y cumplimiento: el Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca). Durante un largo periodo, se aplicó muy bien el artículo 5 de su ley de creación: apenas el 20 por ciento de su presupuesto se destinaba a funcionamiento y el otro 80 por ciento era para apoyar iniciativas culturales. De ese 80 por ciento, un 15 por ciento se usaba para apoyar proyectos del área metropolitana y el restante 85 para proyectos de otros departamentos.

Nadie le decía a las personas, grupos o comunidades qué proyectos presentar, y apenas se les acompañaba en la preparación de un formato que les ayudaba a aclarar más sus ideas iniciales. Luego, varias comisiones de Selección de Proyectos, conformadas por personas de reconocida trayectoria en el medio cultural de nuestro país, los calificaban según la disciplina. Finalmente, había un consejo de administración que revisaba los dictámenes de las comisiones, pero que invariablemente respetaba la decisión técnica de los expertos. Incluso los nombres para integrar dicho consejo de administración eran propuestos al presidente de la República desde el mismo medio cultural, de manera que ninguna persona fuera elegida arbitrariamente ni por conveniencia política. Miles han sido por casi veinte años los beneficiarios de esta institución que, callada la boca, con pocos recursos y sin contaminación política, logró hacer un excelente trabajo.

Pero algo ha venido pasando. En algún punto se dejó de comprender que, por ley, Adesca tiene un fin y una naturaleza distintos a otras instancias de la administración pública, y que su ley de creación marca, incluso, los porcentajes de su aplicación presupuestaria. Esto no tendría por qué poner en riesgo su transparencia. Es tarea de su dirección ejecutiva y de su consejo de administración protegerla de la estandarización de los procesos financieros actuales del Estado, que no por ser de última generación responden a una realidad tan particular y diversa como la nuestra.

Por ejemplo, varios grupos a los cuales se les había aprobado proyectos para ser financiados durante el presente año (entre ellos “Preservación del Baile Folclórico de los Mazates de la Santa Cruz”, “Impulso de una cultura de paz a través del desarrollo artístico de grupos de jóvenes representantes del arte emergente nacional”, “Capacitación de música Autóctona y Dibujo y Pintura para niños y jóvenes por medio del Centro Cultural Kumool de Nebaj”, “Escuela de Marimba para niños y jóvenes de Flores y Santa Elena, departamento de Petén”, “Ampliación Academia de Arte con Especialidad en Marimba” y “Adquisición de Trajes e Instrumentos Musicales para conformar el Grupo Folclórico Juvenil Garíguna”), desistieron de seguir adelante, al considerar que no podían llenar los requisitos que establece el acuerdo gubernativo 55-2016, que contiene el Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Este establece, entre otros requerimientos, que los solicitantes tengan personalidad jurídica, que estén inscritos en la SAT y sean cuentadantes (!!). El 55-2016 contradice, así, uno de los objetivos de Adesca, que es apoyar a grupos organizados sin personalidad jurídica de las comunidades y pueblos de Guatemala, principalmente los más desatendidos.

Además, ahora debe sujetarse a una Ley de Compras y Contrataciones que le impide ejecutar y le obliga a usar el mecanismo de compras directas, algo que siempre se quiso evitar. Por desinformación o falta de visión, el hecho es que mientras la corrupción fluye en las altas esferas del Estado y el buen gobierno nunca llega, le están clavando lentamente los colmillos en la yugular a una instancia que sí ha funcionado.

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