En su primera entrevista con un medio de comunicación luego de haber ganado la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump declaró ayer que entre sus primeras medidas estaba contemplada la deportación de entre dos y tres millones de inmigrantes, sobre todo aquellos que estuvieran al margen de la ley o tengan cuentas pendientes con la justicia.

En muchos países la noticia fue recibida con estruendo, aunque todavía es prematuro para calificarla apropiadamente, pues lo anunciado dista muy poco de lo que hasta ahora han venido haciendo sus antecesores en la presidencia. Solo Barack Obama ha superado con creces la cifra de deportaciones de guatemaltecos durante sus casi ocho años, cuando se la compara con los datos de anteriores administraciones.

Esa ha sido una tendencia creciente que mucho menos puede pensarse que se pueda detener ahora, cuando ha sido una de las principales ofertas de campaña de los republicanos y uno de los motivos por los cuales también habría recibido un fuerte apoyo en las urnas.

De hecho, solo en la administración de Obama han sido deportados 2.8 millones de inmigrantes, cifra cercana a la que ahora ha ofrecido Donald Trump, quien hizo esa declaración en forma general y sin caer en detalles; pero el tema está planteado, y aunque su implementación tampoco sea fácil, es obvio que no disminuirá la tendencia que han mantenido las autoridades migratorias estadounidenses en los últimos años.

Una mirada a la historia de las deportaciones de guatemaltecos durante la administración Obama muestra un marcado crecimiento cuando se le compara con lo que ocurrió durante el gobierno de George W. Bush, quien a su vez ya traía un ritmo de crecimiento de deportaciones que no se ha detenido y que pasó de 8,657 en el 2003 a 20,202 cuando estaba a punto de dejar el cargo.

Obama hizo lo propio. Solo en su primer año de gobierno fueron deportados 18,844 connacionales y hasta el pasado 30 de septiembre la cifra era de 289,749. Es decir, es una política consistente contra los indocumentados, pero que aplica por igual para todos los países, pues las cifras muestran incremento para todas las naciones que reciben a deportados.

Hasta ahora, Guatemala ha hecho muy poco por contrarrestar esa avalancha de retornados, ni de manera diplomática ni creando condiciones internas para minimizar el impacto económico de ese fenómeno. Por ello, ni siquiera se ha logrado reducir el éxodo. El país no ha conseguido siquiera crear condiciones para atender una creciente demanda de mano de obra que se suma cada año a la población económicamente activa.

Los gobernantes guatemaltecos ni siquiera han sido capaces de convencer a las autoridades norteamericanas del beneficio que nuestro país obtendría si se otorga el estatuto de protección temporal para miles de compatriotas. Eso es clara evidencia de incapacidad o de mala voluntad para cumplir requerimientos que sin duda también se habrán hecho para aplicar ese beneficio. Hoy, de nuevo, la pesadilla toca a la puerta, y para los migrantes el único consejo de las autoridades guatemaltecas es que se porten bien.