Eso de interpretar Informes sobre desarrollo humano es todo un desafío. La interpretación es como una bola de cristal. Cada uno lo ve desde su perspectiva y lo entiende a su manera, porque es en la interpretación de las causas donde hay divergencia de criterio y disonancia ideológica.

Yo me muevo en el interior del país con frecuencia. Tengo contacto con campesinos, estudiantes y empresarios; y coincido con los indicadores principales del Informe de marras en cuanto a que los ingresos no les alcanzan para satisfacer la canasta básica; que reciben pésima atención en el sistema de salud público y que la educación no es de buena calidad, entre otras.

Pero así como la riqueza tiene causas, la pobreza también. La toma de carreteras impidiendo el paso del transporte y la libre locomoción de pequeños comerciantes afecta la gobernabilidad y el entorno económico.

La invasión de propiedad privada y la destrucción de cultivos —como está ocurriendo en el Valle de Polochic— afecta. El permanente y consistente robo de energía eléctrica de Codeca en el altiplano y nororiente. Los conflictos en varias hidroeléctricas, minas y canteras con cauda de muertes y pérdida de infraestructura. Todo eso es producto de una ingobernabilidad creciente que afecta la certeza jurídica, genera un pésimo clima de negocios, ahuyenta la inversión y la generación de empleos. ¿Puede salir de ese entorno otra cosa que no sea pobreza?

Se puede dialogar con todos los líderes contestatarios del mundo, pero al final, si las posiciones son radicales e irrazonables —como demandar que se privatice la energía eléctrica o que ya no se construyan más hidroeléctricas ni se exploten minerales, ni se construyan cementeras y nuevas carreteras, alcanzar acuerdos es un imposible.

“Uno de cada cuatro guatemaltecos se ha sentido discriminado y cree que su nivel económico es causa de esa situación. Esa percepción se incrementa si la persona es indígena”, dice el Informe del PNUD.

Si el Ministerio Público funcionara con eficiencia y efectividad en todo el país, y no solo en el 40 por ciento del territorio nacional; y si el Organismo Judicial tuviese más juzgados y jueces; y la Policía Nacional Civil contara con agentes y mejor equipo; y si las carreteras estuvieran en buen estado y sin uno de los peores promedios de velocidad de la región; y si no se paralizara el país cada vez que don Jodiel, o don CUC o cualquiera de los grupos satélites clientelares, del momento lo decidan; y si no hubiese tanto robo, despilfarro e ineficiencia y el Gobierno invirtiera en la necesidades más criticas ese 30 por ciento del Presupuesto General de la Nación que se pierde en el agujero negro burocrático; y si los partidos políticos y el Congreso de la República cumpliesen con su razón de ser; sin duda alguna, el crecimiento del índice económico no estaría en 0.3% anual, sino más alto. Habría gobernabilidad y un horizonte de desarrollo humano positivo en los próximo años.

Pero todo se confabula. Las reformas constitucionales propuestas es peligroso. Especialmente con el manoseo que se le hace “al artículo 203 constitucional sobre la jurisdicción indígena. Al dejar una referencia abierta e indeterminada que está sujeta a control constitucional puede conocer todas las materias en el territorio nacional sin ningún tipo de control o subordinación a la Corte Suprema de Justicia. Temas como el desvío de ríos, conflicto de linderos, exceso registral de las fincas, autorizaciones para construcción pública o privada, así como temas ambientales. Cualquier conflicto de jurisdicción que se pretende hacer valer debe ser conocido por la Corte de Constitucionalidad”.

Ahora entendemos por qué Adam Smith, en 1776, tituló su libro De las causas de la riqueza de las naciones y no de la pobreza.

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