Sin embargo, el gobierno de Otto Pérez y el Partido Patriota (PP) mantienen sus disposiciones arbitrarias de apoyar a toda costa el extractivismo neoliberal.

En mayo se produjo el violento desalojo de la resistencia pacífica de La Puya. La semana pasada fue el asedio contra las comunidades maya ch’orti’ y ladino/mestizas en los departamentos de Zacapa y Chiquimula que defienden la montaña Las Granadillas, porque ahí están las principales fuentes acuíferas donde obtienen el agua, líquido vital sin el cual ningún ser humano podría sobrevivir.

El 31 de mayo la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Limited Group, de capital ruso, anunció la reactivación del proyecto minero Fénix, ubicado en territorio maya q’eqchi’ en el municipio de El Estor, Izabal. Las operaciones de este proyecto han implicado la militarización de este territorio, la pérdida de vidas humanas, violentos desalojos y graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional Civil, el Ejército y agentes de seguridad privada de la minera.

El 7 de junio, la comunidad Lote 8 había programado una reunión para analizar la problemática de la tierra que afrontan desde tiempos pretéritos y se llevaron tremenda sorpresa al ver que su salón había sido invadido por agentes de seguridad de la empresa CGN.

También está la perseverante resistencia de las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, que desde el 2006 han exigido a los gobiernos el respeto a la consulta comunitaria que realizaron el 13 de mayo del 2007 en la que rechazaron la minería de cemento en su territorio. También en el 2010 les denegaron el derecho a la consulta sobre la construcción del tramo carretero km 38.5 de la ruta Interamericana que conectaría con la finca San Gabriel.

Pero el gobierno militarista de Otto Pérez Molina en vez de atender estas demandas ha optado por la militarización, persecución y criminalización de la protesta social.

Por ello, las 12 comunidades decidieron realizar la marcha por la Dignidad de las Flores en Resistencia, esta acción cívica y pacífica se realizó el 16 y 17 de junio en la que reafirmaron su rechazo a la construcción de la carretera, la edificación de la planta cementera San Gabriel, la instalación de la Brigada Militar, poner fin al despojo de las propiedades de vecinas y vecinos para la construcción de la carretera.

Estas violencias estructurales muestran que el Estado guatemalteco atenta contra la soberanía nacional al entregar nuestros territorios a las empresas oligárquicas y extranjeras.