Una de las más infames expresiones de la corrupción es la que tiene que ver con tráfico de influencias o de aportes dinerarios a candidatos que tienen grandes probabilidades de alcanzar altos cargos en la administración pública.

Pero no es la única, pues como se ha podido constatar con las frecuentes denuncias hechas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existen muchas otras vías que los políticos convertidos en funcionarios emplean para iniciar un rápido enriquecimiento personal, donde no existen límites ni modelos éticos que puedan frenar tales ímpetus.

Sin embargo, también existe la combinación de esas modalidades con una conducta de irresponsabilidad en el Estado, y es cuando esa mezcla solo tiene como objetivo el expolio de los recursos públicos.

Mucho de esto es lo que se observa en el reciente informe brindado por la Contraloría General de Cuentas, en el que se encuentran importantes hallazgos sobre el funcionamiento de varias dependencias, en las cuales la administración de recursos hace obligatorio que se esclarezca todo sobre su manejo, y esto implica que se agoten todas las instancias.

Una de estas instituciones sobre las que pesan reparos millonarios es el Ministerio de Gobernación, cuyo monto sobrepasa los Q2 mil millones, lo que se traduce en dudas o malos manejos de los fondos de esa institución en el 2015, que implican por lo menos a dos exministros patriotistas.

El impacto de lo denunciado por la CGC es tal que muchos de sus hallazgos han pasado a la siguiente etapa, que consiste en hacer la respectiva denuncia penal en el MP, porque son graves las omisiones y porque también son millones de quetzales los que se habrían malversado.

Una de las denuncias más recurrentes es el incumplimiento de deberes, que se traduce en otorgamiento de contratos a los oferentes más altos, pagos millonarios que tampoco contaban con el sustento legal y, en el peor de los casos, erogaciones por estudios de prefactibilidad para remodelación de comisarías que nunca se efectuaron.

Dos hallazgos que llaman la atención porque según la CGC incumplieron normas de procedimiento es uno relativo al anticipo por la remodelación de un centro de detención en Escuintla, cuyo desembolso implicó el pago de más de 150 millones de quetzales, cuando era improcedente, y otro por más de 262 millones por servicios de videovigilancia que podrían resultar en una sobrevaloración.

Hay muchos otros hallazgos de montos menores, aunque no por eso menos importantes, que las anteriores autoridades deben esclarecer, pero también el MP tiene que investigar, porque existen indicios suficientes para establecer responsabilidades.

También es importante destacar que muchas de estas denuncias afloran por primera vez con mayores detalles y son cursadas al MP, lo que antes no sucedía, lo que significa que la misma Contraloría había incumplido con sus propias obligaciones, y ante ello el contralor actual debe rendir cuentas.