Desde el 16 de abril se desató el viento de la justicia en Guatemala con la captura de funcionarias y funcionarios implicados en defraudación aduanera y contrabando (caso la Línea). Esto fue gracias a la labor de la Cicig y el Ministerio Público, que han dedicado sus limitados recursos humanos, financieros e investigativos a la lucha contra la corrupción e impunidad, cánceres que tanta mella han hecho en Guatemala por la vía del robo de los impuestos y la defensa del statu quo a través de la represión policial y militar.

Pero como he dicho, estas proezas requieren de recursos, en otras palabras de un presupuesto suficiente. Es en ese sentido que es momento de prestar atención a las recomendaciones y propuestas del comisionado Iván Velásquez, de la Cicig, quien ha planteado la necesidad de establecer un impuesto temporal a los grandes patrimonios que sirva para financiar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Algunos señalan que los recursos debieran salir de la misma lucha contra la corrupción e impunidad; por ejemplo, lo recaudado con la Ley de Extinción de Dominio y el combate de la defraudación aduanera y el contrabando. Otra vía es hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos provenientes de nuestros impuestos. Si bien esto debiera ser así, de todas formas no alcanzaría el presupuesto, toda vez el aparato gubernamental de Guatemala es uno de los más pequeños del mundo en relación a su riqueza nacional y en consecuencia es de los que menos inversión social realiza de acuerdo a un estudio del Banco Mundial. Por eso, el Estado es incapaz de garantizar los derechos individuales y colectivos.

Asimismo, apostar por la erradicación de la corrupción y la impunidad demanda la formación cuadros técnicos e investigativos que ahora no tenemos en este país, así como protocolos y mecanismos que respondan a la realidad multicultural y multilingüe de Guatemala. Entre los aportes de la Cicig al país, está garantizar el traslado de capacidades y experiencia al MP, OJ, PDH, PGN, Inacif, Mingob, entre otros. Pero sin suficiente recurso, difícilmente estas capacidades se podrán institucionalizar, de modo que se va la Cicig y el esfuerzo habrá sido en vano.

Por otra parte, Iván Velásquez ha señalado que es fundamental la ampliación de la cobertura del MP, pues solo tiene capacidad para cubrir el 10% del territorio nacional. Lo mismo ocurre con el Organismo Judicial, que tiene asignado 5.7 juezas y jueces por mil habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 11 por cada mil habitantes.

Respondiendo a estas urgentes necesidades es que el Comisionado planteó la necesidad de implementar un impuesto patrimonial temporal. Pero el Cacif se pronunciaron en contra, aduciendo que apoya la lucha contra la corrupción y la impunidad; no obstante, no quiere poner ni un solo centavo para avanzar en las acciones contra esos flagelos estructurales. Es decir que otros financien la lucha contra la corrupción, de la cual ellos son los principales beneficiarios. Este nulo compromiso de los grupos criollo-oligárquicos muestra la prevalencia de su ideología racista y conservadora, a la cual no le importa para nada el bienestar de las mayorías.

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