Cobardes criminales segaron de forma violenta la vida de Sebastián Sajic Córdova, hecho ocurrido el 11 de septiembre en una comunidad Maya Ixil. Él era originario de la aldea San Antonio Tisach, San Juan Cotzal, tenía 70 años de edad, era Ajq´ij (analista del tiempo y del espacio), B´alvatz Tixh (Autoridad Maya Ixil) de su municipio y formaba parte de un comité de víctimas del conflicto armado interno que azotó fuertemente a Guatemala de 1960 a 1996.

El señor Sebastián fue uno de los sobrevivientes del sanguinario Terrorismo de Estado. Su compromiso con la vida digna le llevó a dedicarse con perseverancia a la búsqueda de la justicia, la verdad, el fortalecimiento de la memoria histórica y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y en el presente.

También fue uno los testigos en la denuncia penal que se presentó contra el general y exdictador Fernando Romeo Lucas García y su Alto Mando Militar, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra los Pueblos Mayas entre octubre de 1981 a marzo de 1982.

Era reconocido a nivel local y nacional por su trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales individuales y colectivos del Pueblo Maya Ixil; tuvo un enorme compromiso por el resarcimiento integral de las y los sobrevivientes y la dignificación de la memoria de las víctimas del conflicto armado interno.

En esta etapa de voraz extractivismo capitalista, en el territorio Ixil —al igual que en otros territorios mayas—, se cierne una serie de proyectos hidroeléctricos que amenazan la vida. De ello tuvo plena conciencia el señor Sebastián Sajic, quien alzó su voz junto al resto de Autoridades Maya Ixil, para denunciar los atropellos de estos proyectos contra los derechos territoriales, ambientales, económicos y sociales del Pueblo Ixil. Derechos garantizados en la Constitución Política y en las normativas internacionales en materia de derechos humanos.

Su trágica muerte conmociona, por ello, cabe preguntarse, ¿por qué tanta saña y crueldad contra quienes dedican su vida a las causas justas y humanitarias en Guatemala?, su asesinato no puede quedar en la impunidad.

El sistema de justicia, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público tienen la obligación de realizar exhaustivas investigaciones para dar con los autores intelectuales y materiales de este deleznable crimen que ha enlutado nuevamente al Pueblo Maya Ixil.

Por otra parte, en casos emblemáticos como la búsqueda de justicia por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la seguridad e integridad física de las y los testigos y sobrevivientes. Esta misma responsabilidad debe asumirlo con las Autoridades Mayas que defienden los derechos políticos, culturales y ecológicos de los pueblos que coexistimos en Guatemala.

Ante la persistencia de la impunidad en nuestro país, las ciudadanas y ciudadanos necesitamos construir lazos de solidaridad para exigirle al Estado guatemalteco a que cumpla con su obligación de garantizarnos la vida, la justicia y la libertad.