Hace cinco años,  durante un Encuentro Nacional de Empresarios (Enade),  el pediatra argentino, experto en desnutrición y fundador de la  Cooperadora para la Nutrición Infantil  (Conin), Dr. Abel Albino, dijo:   “Nadie puede ser feliz entre tanta pobreza”. Recuerdo que en ese encuentro se firmó  el  Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano entre los  partidos políticos. La intención era  promover  una agenda básica de nutrición y educación que tuviera continuidad entre los gobiernos.  El compromiso se lo llevó el viento. Ya   conocemos el desenlace de  Otto Pérez Molina, quien era el  mandatario en esos años. “Nuestro rezago en salud y educación duele”, agregó el Clarinero.   Se perdieron  otros  cinco años cruciales de  apoyo  a la niñez.  Y  por lo que indican  las  frías estadísticas,  con  el gobierno del presidente  Morales vamos por el mismo camino.  De acuerdo a la Sesán,  del año 2017 a febrero del 2018  fallecieron 148 niños y niñas por desnutrición severa. Según el  Ministerio de Desarrollo Social (Mides), “ninguno de estos menores de edad fue beneficiado con el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que entrega ese ministerio para asegurar un control médico a los niños  y niñas que nacen en familias en situación de pobreza”. PL, 19.02.18.  A mi juicio, el  programa de las transferencias condicionadas  no  combate este flagelo; al contrario, lo fomenta.

He comentado varias veces que las escuelas en los municipios deberían ser transformadas en centros de creación del futuro de Guatemala. La meta sería concentrar todos nuestros esfuerzos en ellas. El proceso sería más transparente. En ellas se podría implementar esa agenda mínima que se planteó en el Enade hace un lustro. El plan podría principiar en los 41 municipios detectados con más desnutrición crónica. ¡Es urgente evitar más muertes de niños y niñas! En una emergencia, ¿a quién se salva primero? ¿Quiénes son los principales responsables de proteger a la niñez? La respuesta salta de la boca, “los padres de familia”. Sí, los papás son los primeros responsables. Sin embargo, esa respuesta está incompleta. Responde a nuestra forma de ver fragmentada, que tiende a separar y no vemos que toda familia forma parte de un entorno social, de una comunidad. Ese entorno es determinante en la vida de los niños, por lo que es también responsable de su bienestar. Las escuelas podrían ser el eje donde se llevarían a cabo los programas de nutrición materno-infantil de 0 a 6 años, el programa de alimentación escolar, la promoción de una educación de calidad a nivel local. Los talleres para padres, las capacitaciones para generar pequeñas empresas asociativas y proyectos de protección ambiental. Las municipalidades asumirían la responsabilidad de habilitar los edificios como centros de creación del futuro de Guatemala. El plan de apoyo entre gobierno, sector privado y sociedad civil es la mejor vía para que las familias y sus comunidades sean agentes de su propio desarrollo.

El último informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) indica que 166 mil hogares viven condiciones de inseguridad alimentaria severa. Según el PMA, con Q66 al día una familia de 5 miembros obtendría una dieta nutritiva básica. Si multiplicamos los Q66 por 180 días del ciclo escolar, encontramos que una familia requiere de Q11,880 quetzales. Si multiplicamos Q11,880 por estas 166 mil familias, resultan dos mil millones de quetzales, que son el 3 por ciento de los 60 mil millones de quetzales que envían nuestros héroes migrantes. ¿No sería justo que, a cambio de la estabilidad macroeconómica que nos dan las remesas, se creara un fondo escolar de dos mil millones anuales para acabar con la desnutrición?