Hace quince años, el 9 de diciembre de 2003, se firmó en la ciudad mexicana de Mérida el primer acuerdo internacional vinculante para la lucha contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac). Desde entonces, el 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es recordar no solo a los Estados contratantes sino también a cada persona que ostente una responsabilidad, en mayor o menor grado, en los ámbitos de la política, la economía y la administración pública, y a las ciudadanas y los ciudadanos la necesidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La justicia independiente es uno de los pilares del Estado de derecho democrático y, por lo tanto, garante de los derechos económicos, sociales y culturales exigibles. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, así como la política y la economía, deben poder confiar en su imparcialidad. Al tener el mismo acceso a la jurisprudencia, cada individuo puede, independientemente de su origen, género, religión, etc., estar seguro de que será escuchado, de manera imparcial y sobre la base de las leyes vigentes. A la vez, se alienta a la sociedad civil para poner todo su empeño en favor de la aplicación de las reformas necesarias y del cambio social.

Asimismo, otro impacto favorable del Estado de derecho democrático consiste en que este proporciona un marco confiable para la actividad económica. Con ello favorece las inversiones y el comercio internacional, asegurando al mismo tiempo que los intereses económicos no pongan en riesgo o violen los derechos de otros grupos sociales. De esta manera puede convertirse en la base para un desarrollo económico sostenible que beneficie a todos los grupos de la población. Sin embargo, para el ejecutivo y el legislativo el Estado de derecho es un estímulo y un recordatorio para proceder conforme a la ley y la constitución. Al promover una clara división de poderes, un parlamento consciente y un sistema judicial independiente tienen la importante tarea de defender los principios fundamentales de la democracia y oponerse con firmeza a los intentos de socavar la sociedad por parte de actores corruptos en las instituciones gubernamentales.

La adhesión de El Salvador, Guatemala y Honduras a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción solamente puede ser un primer paso en la lucha contra estructuras gubernamentales que siguen siendo infiltradas por la corrupción y la impunidad. En los tres países es urgente actuar con decisión contra estos males sociales, pues ambos erosionan el Estado de derecho, debilitan el sistema de justicia y privan a la sociedad de los recursos necesarios para invertir en proyectos de interés público, por ejemplo, en escuelas, hospitales o viviendas sociales. La comunidad internacional está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos en esta dirección. Lo que necesitamos, y no siempre percibimos, es la necesaria voluntad política para lograr un cambio positivo. Pues, desde mi punto de vista, hay razones suficientes para prolongar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por las Naciones Unidas, hasta que su labor haya concluido del todo. La mayor prioridad debería ser volver a establecer la confianza del propio pueblo en el Estado, rompiendo las estructuras criminales, ilegales y corruptas, incluso en las propias filas.

En El Salvador, la Fiscalía General, bajo el mando de su titular, Douglas Meléndez, está procediendo con compromiso y coraje contra la corrupción, y no retrocede ante el conflicto con las élites involucradas en la corrupción. Resulta alentador observar que la Fiscalía General, con el apoyo de jueces y la aprobación de la población, ha logrado poner fin a la impunidad de anteriores presidentes. Con ello emite la importante señal a la población de que la Fiscalía General de El Salvador está decidida a hacer valer el derecho y la ley.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), está librando una lucha difícil contra la corrupción y la impunidad y, a pesar de gran resistencia, defiende firmemente la constitución de un sistema judicial transparente y confiable.

La labor de la Cicig y la Maccih, que tienen que imponerse a múltiples resistencias políticas y sociales, envía a las sociedades civiles de los países en cuestión el mensaje de que no hay que aceptar la corrupción y la impunidad como algo inevitable. El reconocimiento de los esfuerzos de ambas comisiones a nivel mundial se refleja en el hecho de que el Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y la ex Fiscala General de Guatemala, Thelma Aldana, recibieran la distinción del “Premio Nobel Alternativo” en Estocolmo el pasado 23 de noviembre. La labor de la Cicig en Guatemala llevó a varias investigaciones penales muy sonadas, incluso en las más altas esferas políticas. Las dos comisiones representan a todos los actores que luchan por un Estado de derecho fuerte, a escala nacional e internacional, con gran valor y a menudo sin reparar en su propia seguridad personal.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, con la cual el 10 de diciembre hace setenta años las Naciones Unidas sentaron las bases para la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, ya exige en su preámbulo “que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No obstante, siempre que los Gobiernos fracasan y el Estado en lugar de ser garante de los derechos humanos se convierte en su mayor enemigo, la sociedad civil está llamada a exigir los derechos fundamentales garantizados para una existencia digna. Por esta razón quiero manifestar mi especial agradecimiento a los miembros de las comisiones mencionadas. Pero asimismo lo hago extensivo a todas las personas y organizaciones comprometidas que abogan con valentía por la lucha contra la impunidad. Es alentador que las sociedades civiles respalden a estas personas, las apoyen y les transmitan de este modo que ha calado un importante mensaje: el “no” vehemente a la corrupción y la impunidad.

La observancia del derecho y la garantía de los derechos humanos se encuentran amenazadas por la corrupción y la impunidad y deben ser defendidas con los medios propios de un sólido Estado de derecho democrático. El Día Internacional contra la Corrupción quiere recordarnos esto cada año y alentarnos a continuar nuestro compromiso en pro del Estado de derecho y los derechos humanos.

* Delegada del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores